MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Pilar Elías, viuda del militante de UCD asesinado por ETA Ramón Baglietto, pidió hoy al Gobierno que actúe para que el asesino de su marido no siga regentando un negocio justo debajo de su casa, después de que la mujer del asesino etarra Kandido Aspiazu adquiriese esta mañana en subasta pública la totalidad de la cristalería que le había sido embargada por la Justicia a su pareja. "Si la Justicia no puede hacer nada por ayudar a las víctimas, que lo haga el Gobierno", declaró Elías a Europa Press.
La viuda de Baglietto reaccionó con resignación a la recuperación del negocio por parte del asesino y su mujer. "Ya tenía asumido que ellos iban a ir más fuertes a la puja que cualquier otro", afirmó, en referencia a la adquisición del 50 por ciento del negocio que poseía Aspiazu.
La esposa del asesino, Milagros Altuna, realizó la mejor oferta y ofreció un 70 por ciento del precio de salida de la mitad de este local y de otro propiedad del matrimonio, un total de 46.438 euros. En la puja participó un segundo particular cuya identidad no ha trascendido y que no pudo superar la oferta planteada por Altuna. Sobre esto, Pilar Elías declaró: "El único consuelo que tengo es que algo han tenido que pagar".
La viuda de Baglietto se lamentó por su situación y por la de "otros", en referencia a las víctimas de ETA que tendrán que convivir con Ignacio de Juana Chaos a pocos mestros de distancia cuando el asesino de la banda abandone el próximo 2 de agosto la cárcel. "Esta es la Justicia que tenemos en España", apostilló.
"La Justicia no puede, pero el Gobierno sí puede, pues que nos ayude a las víctimas porque nadie nos ayuda, nadie quiere hacer nada", afirmó la viuda del asesinado.
Azpiazu fue condenado a 49 años de prisión por la muerte a tiros de Ramón Baglietto en 1980. Una vez cumplida su condena el etarra abrió en 2005 una cristalería en los bajos del edificio donde reside su viuda, Pilar Elías, concejala del PP en el Ayuntamiento de su localidad. La subasta respondía a la petición realizada en enero de 2006 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que solicitó el embargo de los bienes del etarra.