MADRID, 6 (OTR/PRESS)
Los partidos que conforman el tripartito vasco (PNV, EA y EB) y Aralar presentaron hoy en el Tribunal Constitucional su escrito de alegaciones al recurso presentado por el Gobierno a la Ley de Consulta y que derivó en la suspensión cautelar de la misma.
Las formaciones vascas solicitan al TC que levante la suspensión y lo haga antes del 15 de septiembre, fecha prevista por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, para la celebración de la consulta y aseguran que la misma sólo pretende "orientar" a los partidos políticos de Euskadi y "no tiene consecuencias negativas".
Por su parte, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se opone al levantamiento porque permite evitar "una instrumentalización del electorado vasco" dirigida a presionar al Ejecutivo central.
En sus alegaciones, los partidos vascos insiten en la necesidad de que el Constitucional levante la suspensión antes del 15 de septiembre, pues, si la mantiene más allá de esa fecha dejaría "sin efecto cualquier decisión posterior". En este sentido, avisan de la "absoluta ineficacia de una eventual sentencia" que declarara la ley conforme a la Constitución, pues la ley de consulta prevé su aplicación un día concreto, el 25 de octubre, y si se mantiene la suspensión hasta después de la fecha en que habría de convocarse, la consulta ya no podría tener lugar.
PNV, EA, EB y Aralar aseguran que no es posible retomar "en otro tiempo la actuación proyectada sin que sufra su sentido y su finalidad", al tiempo que señalan que si no se levanta la suspensión antes del 15 de septiembre se estaría atentando contra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos que establece el artículo 23 de la Constitución. Además, sostienen que el recurso del Gobierno persigue "impedir a quien es competente para ello la materialización efectiva de una actuación proyectada a realizar en un tiempo determinado e improrrogable".
En la rueda de prensa posterior a la presentación de las alegaciones, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, explicó que las formaciones defienden "lo que es justo" desde la "serenidad" y sin dejarse arrastrar por "la provocación" del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien no saben si "busca una confrontación institucional o social". Según Urkullu, la consulta "no tienen consecuencias negativas, y su resultado no operaría dentro de una toma de decisiones políticas, ya que su objetivo es orientar la actividad de los partidos". Es decir, que la consulta no es vinculante.
El líder de EA, Unai Ziarreta, consideró que tras la actitud de Zapatero ante la consulta hay "falta de voluntad política y miedo a las preguntas" y por eso "trata de decir alto y fuerte quién manda, y que las instituciones vascas no pueden hacer nada sin autorización desde Madrid". El coordinador general de EB, Javier Madrazo, por su parte, denunció que "el Estado vive un momento grave de regresión y recorte de libertades" y dijo que la suspensión se mantendrá "hasta el final" porque "actúan como la Inquisición, con censura previa". Por último, Patxi Zabaleta, de Aralar, que defendió la consulta como "un intento de paz para la sociedad vasca y para la española".
LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
La Abogacía del Estado, por su parte, se opone al levantamiento de la suspensión, ya que considera que ésta permite evitar "una instrumentalización del electorado vasco" por parte de Ibarretxe y que está dirigida a presionar al Ejecutivo central. Sin embargo, coincide con los partidos vascos en la conveniencia de que el recurso de constitucionalidad se resuelva antes del 15 de septiembre, puesto que si se ratificara la suspensión y posteriormente el TC rechazara el recurso de constitucional -lo que no parece probable, matiza- bastaría con que el Parlamento pospusiera las fechas de convocatoria y celebración de la consulta.
"En cambio, si se levantara la suspensión y, celebrada la consulta, se estimara luego este recurso, el daño a los intereses generales del Estado sería irreversible, puesto que la consulta se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva" que la Constitución reserva al Estado y lesionando además "el capital interés de preservar la soberanía del pueblo español". El escrito recuerda además que como Zapatero "no ha querido negociar" con el lehendakari con la consulta "se pretende movilizar al electorado vasco para forzar esa negociación sobre la oferta de pacto político".
A ello añade que la realización de la consulta de acuerdo con el calendario previsto "supondría otorgar una prima política al lehendakari puesto que, aún cuando el electorado respondiera negativamente a una o a las dos preguntas, se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento referendario para forzar políticamente al 'Gobierno español' a seguir los dictados políticos del lehendakari". En repuesta a los diferentes argumentos presentados ante el TC por el Gobierno vasco, el escrito destaca que "sean cuales sean los resultados electorales, ni el Gobierno vasco ni el de España pueden violar el orden constitucional, porque la Constitución es suprema".
Finalmente, incide en que la autorización estatal para realizar consultas populares en las comunidades autónomas, exigida por el artículo 149.1. de la Constitución, ha de ser "necesariamente anterior" a la decisión de convocarla, ya que dicho permiso sirve para verificar que las decisiones consultadas son de exclusivo interés de la comunidad autónoma y no, como en este caso, "decisiones políticas de especial trascendencia nacional que deban ser sometidas a todos los electores españoles".
