Podemos y Ciudadanos no tienen entre sus prioridades la Justicia, según JpD

Publicado 09/06/2015 18:39:22CET

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jueces para la Democracia (JPD) reprochan a las formaciones emergentes como Podemos y Ciudadanos su desinterés hacia el ámbito de la Justicia, según se desprende de las conclusiones del último congreso celebrado por la asociación progresista de jueces, que se celebró durante los pasados 4 y 5 de junio en Cádiz.

Según el documento que resume las valoraciones realizadas durante este encuentro, que se celebró bajo el epígrafe "Constitución y Justicia en el siglo XXI", los principales partidos políticos no han querido garantizar un poder judicial fuerte, independiente y eficaz y "tampoco las fuerzas políticas emergentes están mostrando sensibilidad hacia la Justicia que merece la ciudadanía".

Sin citar específicamente a Podemos ni a Ciudadanos, los jueces progresistas constatan al respecto la "falta de ideas que existen en el ámbito político sobre una regulación constitucional futura del poder judicial".

PRESIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS

En otro de los puntos de su documentos de conclusiones, JpD señala que "la presión de los intereses económicos ha vaciado de contenido la Constitución, en espacial en lo referente a la efectividad de los derechos sociales".

Por ello, hacen un llamamiento para la búsqueda de "fórmulas de garantía para que los derechos sociales queden asegurados". Estos derechos nunca deberían quedar a merced de la situación de los mercados o de los intereses políticos, según JpD.

Según la asociación, la tercera en número de integrantes en la judicatura española, "las importantes transformaciones sociales, económicas y políticas que ha sufrido nuestro país en los últimos 37 años hacen que la Constitución de 1978 no cuente con instrumentos adecuados para resolver las demandas de nuestra sociedad".

Por ello, consideran que "resultan necesarias modificaciones constitucionales esenciales a partir del consenso de las fuerzas políticas".

Recuerdan que los cambios constitucionales son una práctica habitual en las sociedades democráticas avanzadas "que desean tener como premisa la protección y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía".

Advierten también que la incorporación de nuestro país a las estructuras europeas ha provocado transformaciones sobre los problemas derivados de la soberanía, 2que deben llevar a una redefinición del papel de la Constitución en estas circunstancias, muy distintas de la concepción que esta tenía en sus orígenes históricos2.

Para solventar esta situación, consideran que han de activarse mecanismos de participación ciudadana en el sistema democrático, que incluyan formas efectivas de intervención directa.

TRANSPARENCIA EN LOS PARTIDOS.

La regulación de los partidos políticos debe incluir normas básicas de transparencia y también mecanismos de funcionamiento interno democrático, según han concluido los jueces de JpD, que añaden que "las normas electorales han de garantizar la representatividad real de los cargos públicos elegidos".

Consideran igualmente que la evolución del estado autonómico "implica necesariamente un nuevo consenso de carácter territorial entre todas las partes afectadas" y reclaman una revisión del organigrama institucional para generar nuevas estructuras que sean complementarias entre sí.

Cree también JpD que resulta necesario incorporar nuevos derechos fundamentales ante las nuevas situaciones que están conformando la sociedad contemporánea.

Se refieren en especial al derecho a la vivienda, que a juicio de JpD ha de ser regulado para que se garantice su condición de derecho fundamental y su efectividad real. "En este ámbito, se debe perfilar de manera adecuada el equilibrio entre el derecho a la propiedad y su función social", concretan las conclusiones.

Respecto de instituciones concretas, JpD señala que la regulación del Tribunal Constitucional debe garantizar la imparcialidad e independencia de sus integrantes y que la regulación constitucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha de garantizar la división de poderes y evitar las interferencias políticas en el funcionamiento de la institución.