MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, se mostró hoy contraria a introducir la cadena perpetua en la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso, tal y como pretende el PP, por considerar que esta norma es ya la más dura de toda la Unión Europea. "Hoy se pueden cumplir 40 años de prisión sin posibilidad de revisión", dijo.
Preguntada por este asunto durante su intervención en el foro Aragonex, organizado por Renfe y el Gobierno de Aragón, Bravo indicó que se expresaba a título particular y que está "absolutamente en contra" de cualquier modificación del Código Penal que camine en el sentido de implantar la cadena perpetua.
La portavoz del Poder Judicial recordó que todas las reformas que ha sufrido el actual Código Penal, de 1995, han estado dirigidas al endurecimiento de las penas, y han configurado "el Código Penal más duro de toda la Unión Europea".
Explicó que hasta donde se puede llegar en el actual marco punitivo, "se pueden cumplir tranquilamente hoy en día hasta 40 años sin posibilidad además de revisión". Nuestro sistema, a su juicio, va más allá incluso de los ordenamientos de otros estados europeos que incluyen cadena perpetua revisable, pues en ellos las penas se revisan mucho antes de los 40 años.
"Hacer estos planteamientos raya en una cierta demagogia y busca otros fines no estrictamente políticos", indicó Bravo, que agregó que España cuenta además con la población penitenciaria más numerosa de Europa, sin tener precisamente el índice de criminalidad más alto de la Unión.
"Si hacemos un estudio exhaustivo y serio podremos llegar a la conclusión de que los endurecimientos de las penas ni siquiera tienen los efectos disuasorios que la gente entiende -dijo-. No por endurecer las penas y establecer la pena de muerte, como en el estado de Texas, vamos a impedir que se siga delinquiendo". Por ello, insistió, no comparte los propósitos de endurecer aún más el Código Penal.
NOMBRAMIENTOS ANTES DEL VERANO.
Sobre los nombramientos que tienen pendiente realizar en el Consejo en los tribunales superiores de Valencia, País Vasco y Cataluña, Bravo recordó que las plazas tuvieron que volver a convocarse y volverán a salir en el BOE en unas semanas. "Nuestra voluntad es que estén renovadas antes del verano", anunció.
"Vamos a trabajar con la seriedad que nos caracteriza y superar todos los escollos", afirmó la portavoz, tras apuntar la dificultad que conlleva lograr aunar los 13 votos de vocales del CGPJ que precisan estos nombramientos. "Hay que trasladar al ciudadano que este consenso no es a veces fácil de encontrar", dijo.
En este punto, sobre las críticas de "mercadeo" expresadas por el vocal José Manuel Gómez Benítez, presente en el acto, la portavoz del Consejo subrayó que las personas que hasta ahora ha nombrado este órgano "reúnen méritos y capacidad suficiente para poder asumir los cargos para los que han sido designados".
No obstante, asume que puede que algunos de los nombramientos no hayan sido del gusto de parte de algunos sectores sociales. "Cuando se nos acusa de mercadeo o pasteleo no es más que una mala definición de lo que se está haciendo, porque lógicamente hay que negociar, porque conseguir 13 votos exige que tengamos que hablar mucho, siempre primando los méritos y la capacidad de los candidatos", explicó.
"No somos correas de transmisión de nadie, más que de nuestra propia responsabilidad institucional, y tratamos de hacerlo lo mejor posible", sentenció Bravo.
SENTENCIA DEL ESTATUT
Sobre la tardanza por parte del Tribunal Constitucional a la hora de dictar una sentencia sobre el Estatut de Cataluña, la portavoz del CGPJ reconoció que para el ciudadano tres años pueda parecer un plazo excesivo, si bien hay que tener en cuenta la "complejidad del asunto".
"Son más de 180 artículos de los que se cuestiona su constitucionalidad -reconoció-, y la dificultad jurídica, añadida a la necesidad de concitar voluntades para aprobar la resolución nos determina que en estos momentos no tengamos aún sentencia".
JUBILACIÓN DE JUECES
Finalmente, sobre la edad de jubilación de los jueces, que es a los 70 años, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces apuntó que este límite no se ha cuestionado "e incluso hubo hace unos años un intento de anticiparla y lo que produjo es cierto malestar".
Agregó que incluso son muchos los magistrados que después de los 70 años continúan desempeñando sus funciones a través de la figura del emérito.
