El posible acuerdo marco sobre licencias en Marbella se aplicaría a todas las corporaciones del GIL

MÁLAGA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futuro acuerdo marco de conformidad al que pretenden llegar la Fiscalía y los abogados de ex concejales de Marbella (Málaga) con procedimientos pendientes por la concesión de licencias urbanísticas presuntamente ilegales sería extensible en principio a todas las corporaciones del Grupo Independiente Liberal (GIL), desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento a raíz de la operación 'Malaya', en 2006.

Así lo explicó el letrado Pablo Luna, que representa a uno de éstos ex ediles, tras la reunión mantenida hoy junto con otras defensas, entre las que se encontraba la representación legal del ex alcalde Julián Muñoz, con el coordinador de Medio Ambiente de la Fiscalía malagueña, Juan Calvo, dentro de la negociación iniciada a instancia de los abogados para evitar la celebración de estos juicios.

Luna aseguró que en el encuentro de hoy se ha avanzado "bastante" hacia ese acuerdo marco, en el que, dijo, luego "se podrán personalizar situaciones concretas" de ex ediles, por lo que señaló que se están marcando las bases o líneas generales para llegar a un "principio de acuerdo", que se seguirá concretando en próximas reuniones. "Vamos avanzando, vamos muy bien", apostilló.

En este sentido, insistió en que las conversaciones se desarrollan en términos de "conformidad" de una serie de delitos, algunos "graves", y totalmente dentro de la legalidad por parte de la Fiscalía, por lo que dijo que "manifestaciones últimas de políticos" en torno a esta negociación "sobran en estos momentos".

El letrado destacó "la gran lealtad, profesionalidad y claridad" de la Fiscalía en este proceso, algo que está haciendo, según manifestó a los periodistas, que "estemos a gusto" en la negociación, en la que el ministerio público ya ha dicho que la petición de penas de prisión es "innegociable".

La Fiscalía de Málaga y las defensas de ex ediles marbellíes iniciaron a finales de año una negociación con el objetivo de agilizar la tramitación de los numerosos procedimientos pendientes en los juzgados por licencias presuntamente irregulares concedidas en dicha localidad malagueña.

El objetivo de esta negociación es evitar la celebración de tantos juicios, algo que genera "una gran carga en la Administración de Justicia", según precisaron en su día fuentes fiscales, quienes apuntaron que, no obstante, existe una limitación legal en cuanto al cumplimiento de condenas en delitos conexos, que es del triple de la pena máxima impuesta.

En los casos de delitos contra la ordenación del territorio, el Código Penal establece como tope dos años de cárcel, por lo que ese máximo legal limita el cumplimiento de condenas a seis años de prisión en casos de conexidad delictiva.