CiU cree que la vicepresidenta ha convertido el Congreso en un "púlpito laico" para "polarizar el debate" con fines electorales
MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP considera que el Gobierno ha creado una "polémica estéril" en torno a las relaciones con la Iglesia para "ocultar sus fracasos" de la legislatura, llegando incluso a ofender a los católicos e insultar a los obispos convocantes de la manifestación celebrada en Madrid el pasado día 30.
También los nacionalistas de CiU cuestionaron la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega, que achacaron a la inmediata convocatoria de las elecciones generales. El PNV, por su parte, pidió cordura a ambas partes y aconsejó moderación al Ejecutivo.
PP: QUIEREN ROMPER LA LIBERTAD RELIGIOSA.
En su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso, María Salom, miembro de la dirección del Grupo Popular en el Congreso, aseveró que este debate sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia es "una polémica estéril para ocultar cuatro años de fracasos" del Gobierno socialista.
En su opinión, la libertad religiosa está garantizada por la Constitución y hasta ahora no ha habido problemas entre el Estado y la Iglesia católica, por lo que interpreta que el actual Gobierno socialista ha emprendido una "ofensiva contra los católicos" y parece querer romper esa libertad religiosa.
"Ha sido una legislatura de retroceso en determinadas libertadas, la convivencia se ha deteriorado por culpa del sectarismo del Gobierno --resumió--. No ha sido la legislatura de la concordia".
La diputada del PP considera que el Gobierno y el PSOE han tenido una "patética" actuación tras la manifestación del 30 de diciembre, llegando a "insultar" a los convocantes y dando una imagen de "Gobierno intolerante, totalitario, inflexible y enfrentado a la Iglesia". "¿Qué les molestó? --se preguntó--. ¿Que fuera un éxito? ¿Que fuera un acto masivo?".
Salom aseguró que, en contraste, el PP "tiene las cosas claras" en esta materia, partiendo de la "plena asunción del pacto constitucional", que supone "libertad religiosa, aconfesionalidad y cooperación".
CIU: SUBE EL PAN Y HABLAMOS DEL SEXO DE LOS ÁNGELES.
El ponente de CiU, Jordi Xuclà, aseguró que la vicepresidenta del Gobierno, al pedir comparecer ante el Congreso, por segunda vez en toda la legislatura, ha querido "polarizar el debate en tiempo de descuento electoral". "Nos ha convocado a debatir sobre la llamada cuestión religiosa pero el pan ha subido un 25 por ciento y eso es lo que más preocupa a los ciudadanos, y no discutir sobre el sexo de los ángeles".
Según explicó, la religión pertenece a la esfera privada de las personas y sin embargo el Gobierno, al pedir comparecer en el Parlamento, ha convertido la tribuna del Congreso "en un púlpito laico" para dirigir un mensaje, e incluso unos pasajes de mitin, a determinados obispos.
Aunque admitió que no le habían gustado "para nada" algunas de las cosas que se dijeron en la manifestación del día 30, recordó que todos los españoles pueden hacer uso de sus derechos de reunión y de expresión y declinó entrar en el fondo del debate porque, en su opinión, la comparecencia de hoy, que definió como de "tertulia", no debió haberse celebrado porque las posiciones de unos y otros ya han ido quedando fijadas a lo largo de la legislatura.
PNV: "HAY QUE RECUPERAR LA CORDURA".
De su parte, el diputado del PNV Aitor Esteban lamentó que la cuestión religiosa vuelva a estar sobre la mesa política, como en la época de la preguerra civil, al tiempo que destacó la necesidad de "recuperar la cordura" y de "poner cada cosa en su sitio" en la polémica surgida entre la Iglesia y el Estado.
A su juicio, la Iglesia católica no puede pretender recuperar "su crisis" en la sociedad, como consecuencia de los cambios de los hábitos de vida, "irrumpiendo en el juego político". Aunque mostró su respeto por la manifestación del pasado 30 de diciembre en Madrid, Esteban opinó que "no es de recibo" que su jerarquía plantee sus reivindicaciones "por sistema" en la calle, y mucho menos si es para criticar el retroceso de la legislación democrática.
Tras recordar a la jerarquía eclesiástica que sus actuaciones están abiertas a las críticas como las de los demás, pidió al Gobierno "moderación y tranquilidad" para afrontar esta situación porque, según sus palabras, "la defensa de la laicidad no puede suponer ir en contra de nadie".
