Revela que la Justicia española cuenta con un número de funcionarios no jueces que duplica la media de la UE
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, José Miguel Castillo Calvín, ha advertido de que las asociaciones judiciales apoyaron en el pasado medidas contra las que este miércoles se han puesto en huelga como la elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la implantación de tasas para reducir la excesiva litigiosidad o la desjudicialización del Registro Civil.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz 'popular' en el área de Justicia en la Cámara Baja ha repasado las reivindicaciones alegadas por cinco asociaciones de jueces y fiscales para convocar la jornada de paro. Entre ellas, piden un incremento de los medios, protestan contra las tasas y la eliminación de jueces interinos y exigen retirar el anteproyecto que "privatiza" el Registro Civil o el texto que "politiza" el Consejo General del Poder Judicial y mantiene la designación parlamentaria de los vocales.
"Entre los convocantes hay asociaciones que siempre han manifestado que es el Parlamento el que otorga legitimidad democrática al gobierno de los jueces", ha explicado el parlamentario 'popular' para destacar, en cualquier caso, que el hecho de que los vocales sean propuestos a las Cortes por los partidos no presupone que sean "correas de transmisión" de los mismos.
Castillo Calvín ha llamado a deslindar dos conceptos: de una parte el Poder Judicial compuesto por jueces y magistrados que dictan y ejecutan sentencias y, por otra, el órgano de Consejo General del Poder Judicial, un "órgano político" encargado de realizar política en el ámbito de esta Administración.
"La independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional está garantizada y se puede salvaguardar con o sin CGPJ. De hecho nadie duda de la existencia de independencia judicial en países como Alemania donde no existe un Consejo de la Magistratura", añade.
En cualquier caso, destaca que la reforma propuesta limita la intervención de las asociaciones judiciales en el sistema de designación. "Bien pudiera ser éste el motivo del descontento de las asociaciones minoritarias convocantes", agrega.
NECESIDAD DE TASAS Y DE DESJUDICIALIZAR EL REGISTRO CIVIL
Por otra parte, el diputado del Grupo Popular ha recordado que los jueces decanos de España han justificado "desde hace años" la implantación de un nuevo sistema de tasas para reducir el excesivo volumen de litigiosidad en los tribunales, mientras que han solicitado la implantación de una Justicia profesional, abogando por la desaparición de la "Justicia interina".
En lo que se refiere a la desjudicialización del Registro Civil, el portavoz ha puesto de relieve que el anteproyecto de ley del Ejecutivo socialista que contemplaba su desjudicialización contó con el apoyo de asociaciones como Jueces para la Democracia, que "ahora critica esta medida cuando es planteada por el Gobierno popular".
Respecto a la falta de medios, afirma que en España "no existe un defecto de jueces profesionales, pues se sitúa en una media razonablemente alta dentro de los países de nuestro entorno" y expone que el número de funcionarios no jueces -secretarios judiciales, médicos forenses y funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxiliar_ registra "la cifra más alta en términos absolutos de la Unión Europea, duplicando la media".
SOLUCIONES EN ÉPOCA DE CRISIS
"Las soluciones, en una época de crisis como la que vivimos, no pueden consistir en destinar cada vez mayores recursos materiales a su resolución; y tampoco basta, con elevar la ratio de jueces por habitante, pues cuando así se ha hecho, no se ha resuelto el problema", indica.
El escenario expuesto lleva, en su opinión, a la "forzosa conclusión" de que la estructura del sistema español un mayor gasto en Justicia "no siempre genera más eficiencia" ni "incrementa necesariamente la calidad de sus parámetros".
"Resulta evidente pues, que tenemos una pésima organización del sistema, tras haber seguido durante años una política irreflexiva de creación de nuevos juzgados, para dar repuesta a todas las necesidades; como una estructura territorial de partidos judiciales, anacrónica y sin sentido alguno en la España moderna de nuestros días, que necesita una reforma urgente", expone.
A su juicio, es necesario abordar fórmulas que disminuyan de forma razonable el elevado índice de litigios acumulados en los juzgados como son las propuestas por el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, respecto a la reforma de la Demarcación y Planta, la Jurisdicción Voluntaria, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Finalmente, Castillo Calvín ha concluido que el 43,6 % de los órganos judiciales no llegan al módulo de entrada de asuntos y que del total de 3.936 órganos judiciales, 1.716 son órganos sin sobrecarga, como demuestra la estadística elaborada por el CGPJ.
