PALMA DE MALLORCA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP afirmó hoy que no existe ningún tipo de incompatibilidad en la actividad profesional que actualmente desarrolla el ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, como ejecutivo de la cadena Barceló, pese a que en 2007, durante el mandato de Matas, esta cadena hotelera obtuvo la concesión del proyecto de construcción y explotación por 40 años del Palacio de Congresos en Palma.
Según recoge hoy el diario El País, el ex presidente balear podría estar incurriendo en un delito de incompatibilidad al estar trabajando para una compañía que ganó un concurso público mientras él era presidente autonómico. La ley de incompatibilidades que rige en Baleares establece que durante el año siguiente a la fecha de su cese los cargos públicos "no podrán realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan dictado resolución en los últimos dos años de ejercicio del cargo".
Sin embargo, fuentes del PP negaron a Europa Press que exista tan incompatibilidad, porque la concesión del proyecto, obra del arquitecto Patxi Mangado, no se decidió en el Consell de Govern, sino que fue el consorcio integrado a partes iguales por el Ayuntamiento de Palma y el Ejecutivo autonómico el que resolvió que la UTE integrada por Barceló y Globalia era la ganadora del concurso, dejando fuera a la otra principal aspirante, Tremon.
Asimismo, las mismas fuentes confirmaron la existencia de un informe jurídico que avala la compatibilidad de la actividad profesional de Matas como consejero delegado de Barceló en Washington.
El Govern balear ya se ha pronunciado sobre este asunto, y su portavoz, Margarita Nájera, dijo hoy en rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el Ejecutivo se ha puesto en antecedentes para tratar de verificar estos hechos y, en este sentido, afirmó que los Servicios Jurídicos de la Comunidad van a estudiar si el ex presidente incurre así en una situación de incompatibilidad.
Nájera dijo que debe verificarse si Matas tiene un contrato formal con Barceló y, al ser preguntada si el Govern prevé actuar en consecuencia, insistió en que primero hay que verificar si existe tal incompatibilidad, al tiempo que apostilló que "el Govern tiene obligación de hacer que se cumplan todas las leyes".
