SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Ene. (EP/IP) -
El portavoz del Partido Popular de Canarias (PP), Jorge Rodríguez, apuesta por la modificación de la Ley de Extranjería y el reforzamiento de los controles fronterizos para "atajar la mayor parte" de la llegada de inmigrantes irregulares a las islas, "tanto en cayucos como por los aeropuertos". Rodríguez propone también una batería de "11 medidas concretas de seguridad" para abordar la situación en las islas.
La situación actual es culpa tanto de la "irresponsabilidad política y de la gestión ineficaz del Gobierno estatal como del regional". Esta "espiral de intranquilidad" que ha anidado en la sociedad española y canaria puede superarse con la aplicación una serie de iniciativas que el PP propone a las administraciones estatal y autonómica.
"Lo primero que debe hacer Canarias es mantenerse firme sin aumentar indefinidamente su capacidad de atención de inmigrantes indocumentados porque esa es la invitación más nítida y el reclamo más claro para las mafias", argumentó y añadió que "en la medida en que más inmigrantes irregulares van llegando aquí y en que se aumenten las plazas de retención provisional. Las islas estarán dando una llamada a las mafias que trafican con estas personas porque comprobarán que el archipiélago expande su capacidad de acogida mientras más irregulares llegan".
"El Estado no debe propiciar nunca más un efecto llamada". Por lo tanto, apostó por modificar la Ley de Extranjería y el Gobierno de Canarias "tiene que exigirlo al del Estado como principal sufridor de este asunto". "Esa ley es el origen del problema, el hueco por donde se están metiéndose los inmigrantes y las mafias traficando con ellos".
"Nunca más la descoordinación y desbarajuste competencial en materia de inmigración". Las autoridades tienen que centralizar en un único órgano responsable del Ministerio del Interior todas las competencias del área. De nuevo, el Gobierno de Canarias "debe" exigir el cumplimiento de esta medida al Estado.
Propuso, además que "nunca más, las fronteras sean coladeros" e indicó que esta iniciativa requiere que Canarias exija al Estado el fortalecimiento de los controles de las fronteras. Por ello, abogó por potenciar y reforzar los equipos mixtos de policías con los países de origen de la inmigración irregular y con otros Estados europeos. "Ya existe experiencia de esos equipos conjuntos en la Unión Europea (UE), que debe generalizarse y extenderse a los países de origen de la inmigración".
Además, abogó por que el archipiélago debe desplegar el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en todas las islas de manera "inmediata y obligatoria". Es algo que el Ejecutivo canario "canta mucho pero que practica poco".
Uno de los elementos que el PP ha denunciado es la falta de recursos en la materia, por lo que cree las islas deben alcanzar una dotación presupuestaria "más que suficiente tanto para impedir que se produzca la inmigración irregular como para garantizar un trato adecuado a los inmigrantes que llegan al archipiélago".
También proponen impulsar la creación de un 'fondo de cooperación anual' entre las comunidades autónomas que de carácter fijo, así como de las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos.
El PP considera que la Administración estatal debe modificar el padrón municipal y tiene que exigir la 'condición legal' de residente para empadronarse, tal y como hacen otros países de la UE. El Gobierno del Estado "debe impedir, tal y como ocurrió con la regularización masiva de inmigrantes irregulares de 2005, que cualquier documento bobo sirva para empadronarse"
Canarias, como una de las regiones más "afectadas" por la inmigración irregular, debe exigir al Gobierno del Estado, para que a su vez exija a la UE, una 'regularización homogénea' en todos los Estados comunitarios en lo que se refiere a "derechos, condiciones de entrada, estancia y repatriaciones", entre otros aspectos. Debe existir, según el PP canario, un marco común en todas estas cuestiones y con carácter de urgencia. Además, aseguran que ha de primar "la recíproca implicación del país con el que se coopera en el control de la inmigración ilegal". Se trata de vincular la ayuda al desarrollo con la implicación del control de la inmigración.
Por otro lado, sostienen Canarias tiene que lograr que el Estado consiga el compromiso de todos los países miembros de la UE de que "a nadie se le ocurra volver a poner en marcha los procesos de regularización masiva, como fue el caso de España". También piden que no haya más decisiones unilateriales por parte de los países miembros de la Unión Europea.
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