El PP balear considera que la dimisión de Munar "agrava la situación de inestabilidad institucional"

PALMA DE MALLORCA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP consideró hoy que la dimisión de Maria Antònia Munar como presidenta del Parlamentp balear "agravará todavía más" la situación de inestabilidad institucional, "debilidad" que ya presentaba el Ejecutivo autonómico, según los 'populares', tras la expulsión de UM del Govern, Consell y Ayuntamiento de Palma.

Después de que el pasada viernes su portavoz parlamentario augurase una "mayor estabilidad" a Baleares tras la renuncia de la 'uemita', hoy el partido en un comunicado entendió que este hecho perjudicará la actual situación "desde un punto de vista estrictamente político".

Además, señaló que el mantenimiento de Munar en la presidencia de la Cámara era "insostenible" por los avances de la investigación judicial. No obstante, reiteró el derecho a la presunción de la inocencia y su respeto a la labor de la justicia para esclarecer todos los casos.

El PP recordó que mañana Fiol interrogará al presidente del Govern, Francesc Antich, para conocer su opinión sobre la reprobación, en la sesión plenaria de la semana pasada, de tres consellers del Govern. Mientras que el portavoz adjunto, Antoni Pastor, interrogará al Ejecutivo acerca del pacto de gobernabilidad suscrito con UM al comienzo de la legislatura.

Por otra parte, en la segunda parte del pleno la diputada Sandra Morell defenderá una interpelación sobre la denominada 'Ley Carbonero', de actuaciones destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección oficial, con el fin de, entre otros aspectos, instar al gobierno de las islas al reinicio del expediente de Son Bordoy, en Palma, teniendo en cuenta los informes completos de las administraciones municipal e insular de Mallorca.

Entre los puntos de la moción destaca la propuesta de instar al ejecutivo de Antich a convocar, en la mayor brevedad posible, un concurso público para obtener viviendas del parque existente en el mercado para poder ofrecerlas como viviendas de protección oficial, con unas dimensiones de hasta 90 metros cuadrados y a un precio máximo de 140.000 euros.

Asimismo, se pretende instar al Govern a que, con la Ley Carbonero, se puedan agilizar trámites para conseguir suelo para viviendas de protección oficial, sin variar la planificación urbanística realizada por el ayuntamiento correspondiente.