MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El PP defiende hoy en el Pleno del Congreso su proposición no de ley para reclamar al Gobierno que promueva la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el fin de reducir a la mitad los plazos legales para la convocatoria de elecciones a aquellos ayuntamientos que sean disueltos, como ha ocurrido en el Consistorio de Marbella (Málaga).
Esta iniciativa fue anunciada hace un mes por el presidente del PP, Mariano Rajoy, durante una visita a Marbella tras el escándalo registrado en esa localidad por la detención de la alcaldesa y varios miembros de su equipo municipal. Este ayuntamiento acabó por disolverse dando paso a una gestora, pero el calendario impedía celebrar elecciones.
En ese contexto, la propuesta del Grupo Popular persigue la modificación del artículo 183.1 de la Ley Electoral, que fija los plazos para la convocatoria de elecciones en los ayuntamientos disueltos y que actualmente impide elecciones cuando, por la fecha en que la Corporación debiera constituirse, el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año.
En concreto, el PP plantea añadir a ese artículo un inciso para casos excepcionales como el ocurrido en Marbella: "No obstante, este plazo no será de aplicación cuando las circunstancias de la corporación disuelta hicieran imposible garantizar el respeto a la legalidad, la voluntad de los electores y el pluralismo constitucional, pudiéndose además reducir a la mitad los plazos previstos en esta ley para la convocatoria, celebración y constitución de la nueva corporación".
RESTABLECER LA DIGNIDAD DE LAS INSTITUCIONES
El PP sostiene que la gravedad de los hechos acaecidos en la localidad malagueña exige que todas las fuerzas políticas adopten todas las medidas que hagan posible "el restablecimiento de la dignidad de las instituciones y la devolución al pueblo de Marbella de su derecho a elegir democráticamente a sus representantes".
En opinión de los 'populares', es evidente que "la extraordinaria gravedad" de lo sucedido en la localidad de la Costa del Sol "no esta suficientemente recogida" en la legislación vigente que, a su juicio, "dificulta, por el juego de plazos generales, la inmediata convocatoria de elecciones".
"En consecuencia --añaden--, han de reforzarse los mecanismos legales para hacer frente democráticamente a situaciones tan excepcionales, y devolver así a los ciudadanos en el menor plazo posible el derecho a elegir a sus representantes directos y legítimos".
