PP denuncia la "falta de compromiso" del PSE para garantizar que "ningún disfraz de ETA" esté en las elecciones de 2011

VITORIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El debate en el Parlamento vasco de una iniciativa del PP para disolver los ayuntamientos gobernados por representantes de la ilegalizada ANV llevó hoy a socialistas y populares a un duro intercambio de reproches, en el que el PP denunció la "falta de compromiso" del PSE para garantizar que "ningún disfraz de ETA esté presente" en las elecciones de 2011, a lo que los socialistas respondieron que son los jueces quienes deben adoptar una decisión al respecto.

La propuesta del PP y la enmienda de totalidad del PSE, que apostaba por el mecanismo de las mociones de censura para desalojar a los cargos de la extinta ANV, fueron rechazadas por el pleno de la Cámara. El texto del PP sólo recibió el apoyo de UPyD, mientras que el del PSE únicamente fue secundado por los propios socialistas.

En el transcurso del debate, el parlamentario del PP Carlos Urquijo y el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, se dirigieron duros reproches por sus respectivas posiciones. Urquijo, tras defender la conveniencia de su propuesta, reclamó a Pastor que "garantice que ningún disfraz de ETA estará presente en las elecciones municipales y forales de 2011".

En su segunda intervención, y ante la respuesta del dirigente socialista, le reprochó que no haya querido "comprometerse" ante su petición, por lo que le advirtió de que el PP "estará vigilante y será inflexible" en este asunto. Además, y ante la "falta de compromiso" para garantizar que el entorno de Batasuna no estará presente en los comicios de 2011, reclamó a los socialistas que "no vuelvan a cometer el error de 2007", cuando algunas listas de ANV pudieron participar en las elecciones.

"INTERÉS ELECTORAL"

Respecto a la propuesta de disolver los ayuntamientos gobernados por dirigentes elegidos en listas de la ilegalizada ANV, destacó que con los actuales mecanismos legales ya se disolvió el Ayuntamiento de Marbella. "Tenemos el instrumento, sólo falta la voluntad política", añadió.

Pastor, por su parte, recordó a Urquijo que son los jueces quienes deben decidir sobre las opciones que se presenten a las próximos comicios, por lo que advirtió al representante del PP que "se equivoca de destinatario". Además, reprochó a Urquijo que le plantee "una trampa" con esta pregunta.

El portavoz del PSE advirtió al PP que "se equivoca de enemigo" y consideró que con sus críticas al Gobierno vasco "está dando alas y motivos de risa a quienes deberían estar preocupados por otras cosas". Asimismo, lamentó que los 'populares' utilicen este asunto "por exclusivo interés electoral".

Respecto a la izquierda abertzale ilegalizada, subrayó que en el momento en el que decida actuar a través de vías pacíficas en lugar de mediante las "pistolas", podrá "estar en las instituciones". No obstante, destacó que esto "todavía no ocurre".

Pastor consideró que la vía propuesta por el PP para desalojar a los alcaldes elegidos en las planchas de ANV no puede llevarse a cabo con la actual legislación, ya que "plantea una especie de disolución general" de estos consistorios, cuando la ley establece que la disolución debe estudiarse "caso por caso".

A su juicio, la propuesta que el PP pretende trasladar al Gobierno central para modificar la legislación con el objetivo de garantizar que el entorno de Batasuna no pueda estar en las elecciones si no condena el terrorismo demuestra que la actual normativa "no permite" llevar a cabo la medida planteada en el texto debatido hoy.

EGIBAR

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, consideró que "no hay forma" de desplazar de sus cargos a las personas que fueron elegidas en las listas de ANV. Además, y ante los intentos de modificar la legislación para garantizar que la izquierda abertzale no participe en las elecciones, se preguntó "dónde queda la voluntad popular".

En referencia a la exclusión de la izquierda abertzale de las últimas elecciones autonómicas, recordó que "miles" de ciudadanos vascos no está representados en la Cámara. "Ese no es el camino", denunció, para a continuación criticar la existencia de "una estrategia para mutilar la verdadera expresión popular".

Desde Aralar, Mikel Basabe criticó la existencia de "una decisión política" para excluir a determinadas opciones electorales de los comicios y defendió que cada ciudadano "tenga la oportunidad de elegir a los candidatos que desee".

Mikel Arana, de EB, consideró que no se puede "desmantelar ayuntamientos sin sentencia judicial". Por parte de UPyD, Gorka Maneiro, recordó que su partido ya presentó en septiembre de 2009 una propuesta similar a la del PP con el fin de acabar con "una situación éticamente insostenible"

Aunque no participó en el debate, el parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, denunció, a través de un comunicado, que "plantear la disolución de ayuntamientos como hacen el PP y el PSE es atentar contra la voluntad popular".

PROPUESTAS

En la actualidad, existen en Euskadi 33 ayuntamientos gobernados por cargos que concurrieron a las últimas elecciones locales en las listas de ANV, partido ilegalizado en septiembre de 2008 por el Tribunal Supremo al considerarlo un instrumento al servicio de ETA.

En la justificación de la iniciativa del PP se recordaba que no fue posible desalojar a los alcaldes de ANV a través de mociones de censura, al no haber llegado el resto de partidos a un acuerdo para ello. En su defecto, los 'populares' planteaban recurrir a otros instrumentos previstos en la legislación "para atajar estas situaciones".

En concreto, el PP aludía a la Ley de Bases de Régimen Local, para que el Gobierno de España pudiera disolver aquellos ayuntamientos en el supuesto de "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". De esa forma, en el texto se pretendía instar al Gobierno vasco a "trasladar" al Consejo de Ministros "la voluntad de adoptar las decisiones previstas" en el citado artículo de la Ley de Bases de Régimen Local.

La propuesta del PSE, por su parte, pretendía promover mociones de censura "en aquellos ayuntamientos gobernados por grupos políticos que no condenen la violencia terrorista". También apostaba por seguir presentando ante los tribunales "cuantas acciones procedan después de la sentencia de ilegalización de ANV para asegurar el cumplimiento efectivo de la misma".

En el último punto del texto se instaba al Gobierno vasco a "extremar la vigilancia" para comprobar si en alguno de los ayuntamientos gobernados por alcaldes provenientes de

las listas de la ilegalizada ANV "se adoptaran acuerdos o se desarrollaran actuaciones que, de forma reiterada y grave, impliquen cobertura, apoyo o enaltecimiento, expreso o tácito, del terrorismo".