Todos los Grupos de la oposición denuncian en bloque que la norma no pretende racionalizar sino "recentralizar"
MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Senado ha dictaminado este jueves con los votos a favor del PP el proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que una vez más ha recibido el rechazo de todos los Grupos de la oposición, como ya ocurrió en el Congreso de los Diputados.
De este modo, el proyecto de ley, que persigue la supresión e integración de organismos de la administración para aligerar su peso y la simplificación de trámites administrativos, y al que se habían presentado 8 vetos y un total de 181 enmiendas, será debatido en el Pleno que el Senado celebrará previsiblemente el mes de julio.
El texto llegará al Pleno ligeramente modificado respecto al que entró en el Senado, después de que la ponencia creada para analizar la norma haya decidido incorporar la gran mayoría de las enmiendas registradas por el Grupo Popular, según ha informado al inicio de la Comisión el senador del PP Juan Antonio de las Heras.
Asimismo, De las Heras ha anunciado que el PP ha decidido retirar dos polémicas enmiendas con las que pretendían modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y abrir la puerta a amortizar puestos de trabajo no considerados necesarios cuando han sido cubiertos de manera irregular.
Aunque de momento sólo se han incorporado las enmiendas 'populares', el senador del PP De las Heras ha puesto de manifiesto la disposición de su Grupo de pactar con el PNV, con CiU y con los senadores del Partido Aragonés (PAR) --inscritos en el Grupo Popular-- varias enmiendas transaccionales relacionadas, entre otras cosas, con las licencias deportivas únicas o los consorcios sociosanitarios.
TODOS LOS VETOS, RECHAZADOS
Por otra parte, la mayoría del PP en la Comisión de Hacienda ha rechazado este jueves los 8 vetos presentados por ERC, IU y Foro, del Grupo Mixto, por ICV y PSC, de la Entesa y por CiU, PNV y PSOE. Todos estos grupos consideran que la norma invade competencias autonómicas y que no pretende racionalizar sino recentralizar y suprimir órganos necesarios.
En este sentido, el portavoz de Hacienda del PSOE en el Senado, Juan María Vázquez, ha denunciado que la norma, lejos de perseguir modernizar la Administración, pretende eliminar organismos y "dejar cada vez menos espacio a lo público". "Ni reforma ni racionaliza", ha asegurado, tras lamentar que la norma suprima organismos "consolidados y sin grandes costes como el Consejo de la Juventud o el Instituto de la Mujer".
Asimismo, Vázquez ha acusado el PP de utilizar, una vez más, la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley para introducir cuestiones que no tienen que ver con el contenido de la ley, como pretendía hacer en el Senado con las dos enmiendas retiradas, o como hizo en el Congreso al aprobar una enmienda que establece la devolución al personal funcionario de otro día de asuntos propios o 'moscosos', de los tres que les fueron retirados con los recortes del decreto "antidéficit" de julio de 2012.
Por su parte, el portavoz de la Entesa, José Montilla, ha denunciado durante la defensa de los dos vetos presentados por su Grupo que la norma tiene un claro "objetivo ideológico" porque persigue "la recentralización y el deterioro de los servicios públicos".
"Ni es racional ni es de reforma, es más de supresión de determinados organismos públicos", ha advertido, para añadir que también "atenta contra el sistema de competencias autonómicas, como demuestra, por ejemplo, las licencias deportivas únicas.
En esta misma línea, la portavoz de Hacienda del PNV, Rut Martínez, ha defendido el veto de su grupo, "que podrían ser dos" por la "serie larga y larga de motivos" que existen, y ha denunciado que la norma pretende reordenar competencias que son exclusivas de las Comunidades Autónomas, como las relacionadas con el deporte. "Es uno de los ejemplos más flagrantes", ha lamentado.
"Muy pocas medias están orientadas a reorganizar la Administración General del Estado. En los sitios donde es más ineficiente optan por acabar con instituciones autonómicas que sí son eficientes para dar más contenido al suyo. Es el ejemplo del Consejo de la Juventud. No solo no lo reorganiza sino que se lo cargan para dar competencias al Injuve que ha hecho pocas cosas y las pocas que ha hecho no las ha hecho bien", ha apostillado. .
Por su parte, el portavoz de CiU en la Comisión de Hacienda, Ferran Bel, ha ironizado que habría que cambiar el nombre de la norma por el de "proyecto de recentalización del sector público español". "En todos sus contenidos o en su mayoría se dedican a intervenir y sesgar las competencias autonómicas", ha denunciado, para añadir que, aunque rechazan el proyecto, están dispuestos a llegar a acuerdos puntuales para intentar mejorar lo que puedan el texto.
PP: REFORMA QUE AYUDA A LA RECUPERACIÓN
Ante las críticas, la senadora del PP Virgina Romero ha defendido que el proyecto tiene como objetivo implementar algunas de las reformas que se recogen en el informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
"El argumento general para criticar es que se laminan las competencias de las Comunidades Autónomas. Es absolutamente falso, no se vulnera el sistema de distribución competencial ni el principio de autonomía", ha defendido, para añadir que la norma es una más de las reformas puestas en marcha por el PP desde su llegada al Gobierno para "reducir el déficit público y recuperar competitividad y credibilidad en la economía española".
