El PP enmienda la Ley de Transparencia en el Senado

   MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El PP ha presentado 32 enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de Transparencia, una de las cuales va encaminada a modificar la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para reforzar la identificación de clientes y el seguimiento de las operaciones según el riesgo que tengan de incurrir en esos delitos.

   El plazo para presentar enmiendas concluyó la pasada medianoche. En total, se han registrado cuatro propuestas de veto (IU, ERC, Amaiur e ICV) y 269 enmiendas (32 del PP, 34 del PSOE, 38 de CiU, 95 de Entesa, 8 del PNV y 62 del Grupo Mixto).

   La gran mayoría de propuestas de modificación registradas por el PP son de carácter técnico o de redacción, salvo varias de contenido. En una de ellas, los 'populares' propone cambios en la ley 10/2010 contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, para introducir mecanismos que refuercen la lucha contra estos delitos.

   Según explica el PP, se trata de ahondar "en los niveles de transparencia exigidos en las relaciones entre los sujetos obligados y sus clientes", introduciendo la obligación de tomar medidas de "diligencia debida", en distintos grados según el riesgo que tenga cada operación de colaborar al blanqueo.

   La citada ley 10/2010 afecta desde las entidades financieras, las aseguradoras, los gestores de fondos de pensiones, profesionales de la intermediación, casinos a casi cualquier actividad que suponga movimiento de capitales.

   Entre los cambios que se les exigen figura la identificación de las personas con responsabilidad pública extranjeras (incluyendo a sus familiares y allegados) con las que mantengan relaciones comerciales, a las que deberán aplicar medidas de "seguimiento reforzado".

   Además, se proponen cambios para que el Estado tenga más capacidad de maniobra ante "jurisdicciones de riesgo", es decir, aquellas en las que no se aplican medidas contra el blanqueo de capitales.

   Por otro lado, esta enmienda del PP busca adaptar la normativa española a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), cuyos expertos internacionales revisarán la legislación española en el primer trimestre del año que viene. Según los 'populares', si España no asume estas propuestas del GAFI, arrastrará "las consiguientes consecuencias y desprestigio en el ámbito internacional".

MICRODATOS DE ENCUESTAS

   En otra enmienda, el PP propone incluir una nueva disposición adicional en la Ley de Transparencia para permitir la reutilización de la información de las encuestas realizadas con cargo fondos públicos. Toda esa documentación deberá ser depositada en el banco de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el incumplimiento de esta exigencia impedirá lograr nuevas subvenciones en el futuro.

   Sin embargo, la propuesta incluye excepciones, como el caso de los datos de encuestas "determinantes o indispensables para la política estratégica interna" de una empresa o entidad. Tampoco estarán obligados a depositar toda esta información la SEPI, el INE y los organismos similares de las Comunidades Autónomas, así como quienes realizan las estadísticas oficiales anuales estatales y europeas, aunque el INE "impulsará" que se dé publicidad a los microdatos de esas encuestas.

   El PP justifica esta enmienda en las ventajas que tendrá poner a disposición "de la comunidad académica y científica" los datos de encuestas financiadas con fondos públicos y que puedan acceder a ellos desde un solo punto, el citado banco de datos.

CAMBIOS EN LA ENTRADA EN VIGOR

   Además, el PP propone cambiar la entrada en vigor de la norma. En el texto aprobado por el Congreso se plantea que toda la ley entrará e vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, salvo el Título I, el principal, que recoge todas las medidas de transparencia de la actividad pública, para el que se concedía un año de plazo.

   Ahora, entrará únicamente en vigor tras su publicación el título II, que regula las medidas de buen gobierno a la que estarán obligadas las administraciones públicas y entidades sujetas a esta ley.

   El título preliminar, el I y el III entrarán en vigor un año después de aparecer en el Boletín Oficial. Incluyen las medidas de publicidad activa de la actividad, las que harán efectivo el acceso a la información, un derecho reconocido en esta ley, así como la creación del Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno.

   Por último, con la enmienda que plantea el PP se dará además un plazo máximo de dos años a las comunidades autónomas y a las entidades locales para adaptarse a todas las obligaciones de esta ley, que también les afecta.