MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP expresó hoy su rechazo a tramitar en el Congreso la petición de Izquierda Unida para que la Cámara Baja censure la privatización de los hospitales de la Comunidad de Madrid, pues considera que las Cortes Generales no están para controlar a una comunidad autónoma.
Este criterio, expuesto en rueda de prensa por el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, fue defendido hoy por los representantes del PP en la Mesa del Congreso cuando se debía decidir la tramitación de la proposición no de ley de IU.
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, avanzó el pasado viernes su intención de trasladar al Congreso la polémica por la cogestión de los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid.
En su iniciativa se pedía al Gobierno que, en el marco de sus competencias como garante del servicio público de salud, estudien la "incompatibilidad" con la Constitución y con la Ley General de Sanidad que supone la concesión de la gestión de hospitales y centros de salud de la Comunidad a empresas privadas. También desean que el Defensor del Pueblo recurra estas prácticas ante el Constitucional.
En la reuniuón de la Mesa del Congreso, el PP rechazó dar vía libre a esa propuesta al entender que "no se puede utilizar el Parlamento nacional para controlar la actividad de una comunidad autónoma". "Si IU no tiene suficiente capacidad para controlar al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid, no debe utilizar el Parlamento para esas cuestiones", zanjó Ayllón.
LA INICIATIVA, CONGELADA
El órgano de gobierno de la Cámara Baja optó finalmente por congelar la iniciativa a la espera de que el presidente de la Cámara, José Bono, sondee a Izquierda Unida sobre su intención con esa propuesta. El caso podría resolverse con una cierta reformulación del texto, según aseguraron a Europa press en fuentes de la Mesa del Congreso.
En cualquier caso, Llamazares ya había asegurado en rueda de prensa que su propuesta no es una iniciativa regional ya que están "defendiendo unas competencias estatales" ante las que el Gobierno y el ministro del ramo, Bernat Soria, "no pueden quedarse de brazos cruzados sino intervenir para reponer un derecho de todos los ciudadanos".