MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) incluirá un incremento del número de personas con discapacidad que podrán trabajar como funcionarios de la administración de Justicia. El PP ha introducido una enmienda de última hora en la norma que eleva de un 5 a un 7 por ciento el cupo y concreta que, de ese porcentaje, se reserva un 2 por ciento a aquellas personas con discapacidad intelectual.
El Grupo Popular ya registró en el plazo de presentación de enmiendas parciales otra previsión, en este caso para que los magistrados que aspiren a una plaza en un Juzgado de Menores tengan que contar además de su preparación específica, con formación especializada en violencia de género antes de poder tomar posesión del cargo.
Establece que tras este proceso, "los que obtuvieran plaza así como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, deberán participar antes de tomar posesión de su nuevo destino en las actividades de especialización en materia de menores y en materia de violencia de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial".
En las 60 modificaciones que ha sufrido el texto durante su tramitación parlamentaria en la cámara baja, el partido del Gobierno ha incluido, además, la posibilidad de que los médicos forenses realicen "pericias" por encargo de particulares y establece que los autos y expedientes de procedimientos cerrados podrán destruirse cuando transcurra un plazo de seis años desde que se dicte una resolución firme que ponga, de forma definitiva, fin a la causa.
