El PP insiste en la legalidad de sus cuentas


MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular se ratificó esta noche en su "plena confianza" y "apoyo" en el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps y en el secretario general del Partido en esta comunidad, Ricardo Costa, según informaron a Europa Press fuentes de la dirección del partido, quienes también insisten en la legalidad de las cuentas del PP.

Estas afirmaciones se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dictara esta tarde un auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al encontrar responsabilidades en Francisco Camps y Ricardo Costa, y sosteniendo que el PP valenciano puede haber recibido 420.000 euros en concepto de comisiones provenientes de la trama de corrupción que investiga el magistrado en el marco de la operación Gürtel, según fuentes de la dirección del PP.

La dirección de los populares considera que los hechos relatados por el juez en su auto no se corresponden con las "graves imputaciones" que se han venido realizando y, a su entender, los hechos que describe el magistrado en su resolución de hoy son de "muy escasa entidad" y contrastan con el "escándalo mediático" que se ha generado con este asunto, por lo que entienden que hay una enorme "desproporción".

No obstante, estas fuentes de la dirección del PP señalaron su confianza en la Justicia e insistieron en la "absoluta legalidad de las cuentas del PP".

Cuando se conoció la trama de corrupción descubierta en la operación Gürtel, Mariano Rajoy ya recalcó que el PP no había recibido ni un sólo euro de las personas implicadas en este asunto.

Asimismo, las fuentes de la dirección del PP precisaron que aún están a la espera de conocer el auto de inhibición en el TSJ de Madrid. No obstante, se quejaron, una vez más, por la instrucción que está realizando el juez Garzón y lo que consideran su "evidente falta de imparcialidad". El PP ya intentó sin éxito recusar a Garzón y presentó después una querella en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez.