Propone que las comunidades bilingües ofrezcan el castellano como lengua vehicular en todas las etapas
MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular registró hoy en el Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica de Educación con el objetivo de que se incluya un nuevo capítulo en esta norma destinado a garantizar la enseñanza "del castellano y en castellano" en todas las etapas educativas.
Así lo anunció en rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que, con la presentación de esta iniciativa su formación cumple el mandato que el pasado fin de semana le dieron los militantes en su Foro Abierto y el compromiso con el que Mariano Rajoy concurrió a las elecciones generales de 2008.
LOS PADRES ELIGEN
La intención del PP es que se cambie la ley vigente para que los padres puedan elegir "la lengua en la que se educa a sus hijos" en las comunidades bilingües. Según detalló la dirigente 'popular' en este texto su formación aboga por un "bilingüismo equilibrado, armónico y cordial" y por el respeto a la decisión de los progenitores.
En este contexto, dejó claro que el PP no defiende un modelo segregacionista que implique separar a los escolares que estudian en una u otra lengua, sino que se garantice el conocimiento del castellano que, como "lengua común" determina la Constitución. "Buscamos un bilingüismo integrador y el conocimiento de ambas lenguas", explicó.
A Sáenz de Santamaría se le preguntó si el PP ha decidido llevar esta propuesta al Congreso coincidiendo con la precampaña vasca y gallega para dejar clara su preocupación por un asunto del que ha hecho bandera Unión, Progreso y Democracia (UPyD), la formación que lidera Rosa Díez.
ANTES QUE UPyD
La portavoz 'popular' replicó que el PP siempre ha defendido la necesidad de que se respete el derecho de elección de los padres y que ya lo hizo durante la anterior legislatura cuando UPyD ni siquiera "existía". "El PP tiene autonomía y personalidad propia", enfatizó, recalcando que la primera proposición no de ley que su grupo llevó al Pleno en esta legislatura ya contemplaba este tipo de medidas y no recibió el apoyo de "nadie".
El texto registrado por el partido de Mariano Rajoy explica que la Ley Orgánica de Educación establece que al finalizar la educación secundaria obligatoria los alumnos deberán haber alcanzado la capacidad de "comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito" en castellano, pero sin especificar cómo se debe asegurar el logro de ese objetivo.
Al no existir una normativa estatal, argumenta el PP, la regulación del uso del castellano en el ámbito educativo se ha dejado en manos de las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, dando así lugar a una "enorme disparidad legislativa y un tratamiento desigual del uso del castellano en las diferentes etapas y las distintas áreas y materias educativas".
Los 'populares' esgrimen la propia Constitución y una sentencia del Tribunal Constitucional para defender la aprobación de una norma estatal sobre este asunto y plantea, en concreto, agregar tres nuevos artículos a la LOE.
El primer objetivo que se marca el PP es que se garantice la enseñanza en castellano "en todas las etapas educativas", que las comunidades "haga efectivo ese derecho" y que este asunto "no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación".
Así, apuestan por que en las autonomías bilingües se regule el derecho de elección de la enseñanza en lengua materna hasta los ocho años, que el castellano sea ofrecido, como lengua vehicular, en todas las etapas educativas "en igualdad de condiciones a la lengua cooficial" y que los padres que así lo quieran puedan optar por que sus hijos reciban toda su educación en castellano.
TAMBIEN EN LA ENESEÑANZA SUPERIOR
También quieren regular las condiciones en las que se puede dispensar el aprendizaje de la lengua cooficial. Citan el caso de los alumnos que hayan iniciado sus estudios fuera de la comunidad autónoma de que se trate o a quienes acrediten su residencia "temporal" en la misma.
Asimismo, contempla el derecho de los profesores y alumnos, en el ámbito de la educación superior, a utilizar, oralmente y por escrito, la lengua oficial de su preferencia.
Por último, el cumplimiento de todas las garantías que el Grupo Popular quiere preservar a través de esta propuesta de reforma de la Ley de Educación deberá ser controlado por la Alta Inspección educativa.
