Actualizado 25/06/2020 16:58:09 +00:00 CET

El PP pasa del no a la abstención en el Tratado Fiscal de Gibraltar porque "es una cuestión de Estado"

Valentina Martínez Ferro, diputada del PP
Valentina Martínez Ferro, diputada del PP - CONGRESO - Archivo

Cs rechaza donar a Marruecos el Gran Teatro Cervantes y Podemos evita apoyar el acuerdo UE-Japón

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha avalado este miércoles el Tratado Fiscal firmado por España y Reino Unido sobre Gibraltar con el único rechazo de Vox, ya que el PP, que hace dos semanas votó con los de Santiago Abascal contra el Tratado, ahora ha pasado a la abstención.

La portavoz 'popular', Valentina Martínez Ferro, ha explicado que su grupo ha decidido abstenerse por considerar que "Gibraltar es una cuestión de Estado" y ha aprovechado para pedir al Gobierno que todo los que sean cuestiones de Estado sea "tratado con la oposición".

También ha dejado claro que el PP "no renunciará nunca a que Gibraltar sea parte de España" y ha instado al Gobierno a no desaprovechar la oportunodad del Brexit para avanzar en la cuestión de la soberanía. También le ha recordado que de la negociación depende la prosperidad de la población del Campo.

Hace dos semanas, el Tratado inició su tramitación parlamentaria con el debate en el Pleno de una enmienda a la totalidad que había presentado Vox, pidiendo su retirada por considerar que debilita la posición internacional de España para reivindicar la soberanía del Peñón. El PP se sumó al rechazo afirmando que el Tratado "consolida un régimen fiscal contra el que hasta ahora han luchado todos los gobiernos (españoles) independientemente de su color político".

Entre la veintena de convenios internacionales a los que ha dado el visto bueno la Comisión de Exteriores está el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón. En esta votación se ha abstenido Unidas Podemos porque considera que es una profundización de un acuerdo comercial que rechazan, ha explicado Lucía Muñoz.

También está la donación a Marruecos del Gran Teatro Cervantes, una decisión que ha salido adelante con el voto en contra de Ciudadanos. Su portavoz, Marta Martín, cree que el Gobierno debería haber mantenido la propiedad y asumir los costes de su restauración para convertirlo en un foco de cultura española.

El teatro, perteneciente al Estado español desde 1928, está en desuso y abandonado y precisa una fuerte inversión para su rehabilitación, que las distintas administraciones españolas no han podido ofrecer. Marruecos ha ofrecido a restaurar y gestionar el teatro a cambio de la cesión de su propiedad y con el compromiso de mantener un componente español en su programación cultural, explicó el Gobierno cuando aprobó su cesión hace más de un año, en vísperas de la visita de Estado de los Reyes a Marruecos.

Desde el PP, Martínez Ferro ha valorado que se mantenga el nombre del teatro, en unos momentos en los que "el legado histórico y patrimonial español está siendo atacado en muchos lugares" y ha pedido al Gobierno un esfuerzo en la difusión de la historia de España.

LA UNIVERSIDAD DE LA ONU DEJÓ BARCELONA

Ciudadanos tampoco ha apoyado, en este caso optando por la abstención, la denuncia de dos acuerdos entre España y la ONU, que harán oficial la marcha de Barcelona del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones. La marcha se anunció ya en 2018 pero falta la ratificación parlamentaria.

Martín ha lamentado esta "gran pérdida" debido a una "negligencia o mala gestión durante mucho tiempo" y ha pedido al Gobierno que reconsidere volver a hacer aportaciones. También Mariona Illamola, de Junts, y la portavoz 'popular' han lamentado este cierre, pero Martínez Ferro ha reconocido que, aunque no es momento de perder un organismo que contribuye a la imagen de España, tampoco lo es de aumentar el gasto.

Este convenio con la ONU se remontaba a 2010 y preveía una contribución anual de un millón de euros que se incrementaba progresivamente hasta alcanzar un mínimo de dos millones a partir de 2013. La instalación en dependencias del Hospital de Sant Pau de Barcelona fue facilitada por la Generalitat de Cataluña.

En 2016 se negoció una reducción contribución española a 700.000 euros al año pero en 2018 se comprobó que no era posible incrementar la contribución aportada por España ni tampoco llevar a cabo la reconfiguración del Instituto. En una carta del 7 de agosto de 2018, el rector de la ONU notificó formalmente "la voluntad de este organismo de abandonar el territorio español" a fin de ese año.

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