El PP pedirá a Zapatero que devuelva a Cantabria lo que le ha "quitado" y le dirá que "si quiere anchoas, se las gane"

SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP cántabro, Ignacio Diego, pedirá al Gobierno español que vuelva a "mirar" hacia Cantabria, a la que ha dado la "espalda" los últimos años, y reclamará al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que devuelva "de manera urgente" a la región lo que le ha "quitado". "Iré donde Zapatero, sin anchoas, y le diré que si quiere anchoas, se las gane", ha sentenciado.

En una entrevista en Radio Santander (Cadena Ser) recogida por Europa Press, el futuro presidente de Cantabria ha reconocido que "teme" encontrar "poca receptividad" en el Estado, pero ha recalcado que va a ser "exigente" y, además, intentará concitar en torno al Ejecutivo autonómico "todos los apoyos" posibles para respaldar esa reivindicación.

Según dice, se establecerán las prioridades a la hora de exigir al Gobierno que "vuelva a mirar" a Cantabria, que ha sido la comunidad autónoma "peor tratada" en materia de obra pública. En este sentido, Diego ha criticado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho "cero" en la comunidad autónoma y eso supone un "perjuicio" económico y en competitividad para la región.

Junto a esa posible falta de receptividad en las relaciones con el Gobierno central, otra de las cuestiones que preocupa al líder de los 'populares' cántabros ante la próxima asunción de la Presidencia regional es el estado de las cuentas de la comunidad autónoma y la capacidad de actuación que va a tener el nuevo gobierno.

"No hace falta ser un experto en economía para saber que si llegas a una casa y te encuentras más deudas que ingresos, poco puedes arreglar la casa", ha comentado en la entrevista.

Preguntado por la posibilidad de que eso se interprete como una forma de ponerse la venda antes de la herida, Ignacio Diego ha señalado que los cántabros conocerán el "tamaño de la herida", porque tal como ha reiterado, encargará sendas auditorías de las empresas públicas, una para que los ciudadanos conozcan sus cuentas, y la otra para analizar su eficiencia.

Esas auditorías servirán para conocer el estado de las cuentas porque el líder 'popular' quiere lo primero conocer la situación real de la administración regional para diseñar la forma de construir después el futuro.

No obstante, ha dejado claro que su deseo no es hacer borrón y cuenta nueva y, por eso, confía en no tener que "romper", sino "reconducir". "No vengo a hacer una revolución, sino una evolución" para conducir la administración hacia la eficiencia con menores costes, ha apostillado.

Y para ello ha incidido en la importancia de la colaboración ciudadana porque, "sin una varita mágica, las cosas no se consiguen de la noche a la mañana".

En el caso de las empresas públicas reconoce que los cambios serán "más radicales", pero matiza que serán "fundamentados, no caprichosos".

En cuanto a las responsabilidades que ha adelantado que exigirá si se hubo malversación de fondos públicos en el caso de GFB, espera no tener que llegar a los tribunales, porque sería "muy desagradable".

La decisión se adoptará "en función de lo que se encuentre" y espera y desea "no encontrar nada que vaya más allá de lo irregular" y que, por tanto, se trate en tal caso de "decisiones equivocadas", pero no de "delito".

REFORMA FISCAL

Por lo que respecta a algunos de los compromisos de su programa político, ha reiterado la voluntad del PP de bajar impuestos para dejar más recursos en manos de los cántabros y también se ha comprometido a pactar con las empresas un marco fiscal que incentive el mantenimiento y la creación de empleo.

Para ello, propone rebajas "selectivas" de impuestos "bien pensadas" y un "marco fiscal estable" porque las empresas que quieren apostar por Cantabria no quieren "sobresaltos".

Diego reconoce que en el primer año de aplicación de esa reforma fiscal habrá menos ingresos, pero en los sucesivos asegura que la rebaja de impuestos se traducirá en mayor actividad y, en consecuencia, en más ingresos para la administración. Y para compensar la pérdida de ingresos en el primer año de aplicación, ha asegurado que se recortará en "gasto superfluo", y no en servicios públicos.