Reclama aumentar el Fondo de Compensación ponderando la superficie, la dispersión, el envejecimiento y la inversa de la renta
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que expone sus condiciones para la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y en la que aboga por que éste no tome en consideración los preceptos en materia fiscal que establece el Estatuto catalán, mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre los recursos que hay presentados contra esta norma.
En concreto, el primer partido de la oposición aspira a que el Congreso haga suyas sus propuestas e inste al Gobierno a seguir la 'hoja de ruta' para la consecución del nuevo modelo que recogen en su iniciativa.
Tras reivindicar los principios en los que basó el acuerdo alcanzado en 2001 en torno al sistema de financiación aún vigente, los 'populares' admiten que es necesario retocarlo para, entre otras cosas, incorporar el aumento de población e introducir también otras variables como el envejecimiento, la dispersión geográfica, la superficie o la insularidad.
Pero el PP avisa de que el amplio consenso en torno a la necesidad de esta reforma "se ha visto condicionado por el potencial conflicto" entre la Constitución, la propia Ley de Financiación de las comunidades autónomas y el Estatuto catalán. Desde su punto de vista, esta norma puede chocar con el artículo 156 de la Carta Magna que establece que las comunidades "gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y la ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles".
En opinión del PP, este conflicto se origina al establecer el Estatut una "fecha de caducidad" del sistema vigente, cuyo carácter indefinido fue pactado por unanimidad, y al fijar "exactamente determinados aspectos clave del modelo" que, a su juicio, "deberían ser acordados multilateralmente entre todas las comunidades y el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
MODELO DE NEGOCIACION "EXTRAMUROS" DEL GENERAL.
En concreto, los 'populares' denuncian que el Estatut determina el porcentaje de cesión del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, la limitación del alcance de los mecanismos de nivelación y solidaridad interterritorial a la sanidad, la educación y otros servicios públicos esenciales, y el requisito de que se tenga en cuenta como variable básica para determinar las necesidades de gasto la población, pero rectificada por los costes diferenciales y por variables demográficas.
"El Estatut arrumba con el principio multilateralista de la legislación sobre estabilidad presupuestaria, creando un modelo de negociación bilateral el objetivo de estabilidad para Cataluña extramuros del sistema general de fijación de objetivos para las comunidades autónomas", se queja el PP.
Por todo ello, propone que el Congreso inste al Gobierno a "velar por que la fijación definitiva del modelo de financiación no tome en consideración los preceptos en materia fiscal que establece el Estatut mientras que el Tribunal Constitucional no emita sentencia sobre su constitucionalidad".
Como principios generales que deben regir el nuevo modelo el PP señala la suficiencia financiera, la solidaridad, la igualdad, la corresponsabilidad fiscal y la lealtad institucional. También reclama que sea acordado de forma unánime en el CPFF y que mantenga las exigencias esenciales de una política económica basada en la estabilidad presupuestaria de todas las administraciones públicas.
DEFINIR COMPETENCIAS LOCALES.
Asimismo, aboga por aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial ponderando con mayor intensidad de la superficie de cada territorio y la dispersión y el envejecimiento y su población y la inversa de la renta.
En paralelo, el PP quiere que se aborde una revisión del modelo de financiación local como consecuencia de la cobertura cada vez más amplia de servicios municipales y que se aproveche para definir "definitivamente" el marco efectivo de las competencias que corresponden a las entidades locales.
