MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón -impulsores de la querella que ha dado lugar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigue al juez Baltasar Garzón por cobrar durante su permiso por estudios en EE.UU-, presentaron este viernes una nueva iniciativa criminal contra este magistrado ante el Tribunal Supremo, al entender que tras el archivo de la primera el pasado mes de febrero se disponen de datos nuevos, procedentes de la Universidad de Nueva York York, que harían posible al alto tribunal replantearse su decisión inicial.
El texto de la querella se presenta por tres posibles delitos: cohecho (recibir regalos del Banco de Santander), prevaricación (por intervenir el magistrado en la instrucción de una querella posterior contra esta entidad bancaria) y estafa (al Erario Público español por ocultar el sueldo que percibía de la universidad norteamericana mientras seguía cobrando íntegro su sueldo de magistrado).
Entre los datos nuevos, según querellantes, se citan los aportados por la propia web de la Universidad de Nueva York (memoria de actividades de las jornadas dirigidas por Garzón), donde se señala que fue el propio titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 quien solicitó y obtuvo del Santander los 302.000 dolares del patrocinio, "lo que denota un plus de culpabilidad por posible cohecho", a juicio de los querellantes.
"PUERTA ABIERTA" A NUEVA QUERELLA
La presentación de esta iniciativa responde a un reciente auto en el que el Tribunal Supremo rechazaba reabrir la causa cerrada el pasado mes de febrero a cuenta del conocimiento de estos nuevos datos. Según los abogados, esta resolución de la Sala de lo Penal del alto tribunal dejaba la puerta abierta a la presentación de otra nueva querella para evaluar estos hechos nuevamente.
Consideran también que Garzón pudo incurrir en posible cohecho por recibir el dinero, procedente del mismo patrocionio, que empleó en gastos de la matrícula de su hija en la escuela internacional de las Naciones Unidas; así como otra cantidad, superior a los 40.000 dólares, como gastos de transporte.
Finalmente, los querellantes acusan al magistrado de estafa "porque defraudó al erario público español cobrando un sueldo íntegro que no era compatible con el sueldo, muy superior, de una universidad americana".
