La presidenta del TC y otros tres magistrados cumplen un año en funciones, mientras el Estatut retrasa su renovación

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hoy se cumple un año desde que la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, el vicepresidente de este órgano, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata concluyeran su mandato (el plazo termina el viernes para el último de los citados) sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el consenso necesario para lograrlo.

A ello se une la plaza vacante tras el fallecimiento este año del magistrado Roberto García Calvo, cuyo sucesor debe ser designado por el Congreso de los Diputados.

La renovación no se producirá, previsiblemente, hasta que los magistrados concluyan la sentencia por los recursos interpuestos por el PP y por el Defensor del Pueblo contra el Estatuto Catalán, cuyas deliberaciones se encuentran ya muy avanzadas, según fuentes de este órgano, si bien no se espera concluir las mismas hasta entrado el primer trimestre de 2009.

De hecho, el Pleno del alto tribunal viene reuniéndose al menos uno o dos días a la semana, para tratar de este asunto, desde la última semana de febrero de 2007. Todo ello hace pensar que es poco probable que la renovación interrumpa esta labor, pues obligaría a los magistrados recién designados a analizar y posicionarse sobre las impugnaciones del Estatuto ya resueltas.

PARALIZACIÓN EN EL SENADO.

Por lo que respecta a los cuatro magistrados que cumplen un año en funciones, el Senado mantiene suspendido el proceso de renovación y y no lo reanudará hasta que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo. El presidente del Senado, Javier Rojo, ha reiterado que no dará un paso más sin el consenso de ambos partidos, ya que es necesario asegurar una mayoría de tres quintos en el Pleno de la Cámara para ratificar los cuatro nombres.

El consenso no parece posible si el PP mantiene como candidatos a los dos que ha puesto sobre la mesa: Antonio Hernando y Enrique López, ex presidente y ex portavoz, respectivamente, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

UN PROCESO CON PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA.

La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional abrió la puerta a la participación autonómica en la renovación de los cuatro magistrados que propone el Senado, lo que provocó ya el rechazo del PP, que se ha mantenido a lo largo de todo el proceso contrario a que las Comunidades propongan candidatos.

Tras la reforma de aquella ley orgánica, llegó la del Reglamento del Senado, el año pasado, para introducir la novedad: cada parlamento autonómico podría enviar hasta dos candidatos al Senado, que debería elegir de entre ellos a los cuatro magistrados, pero que guardaría la facultad de optar por otros dos nombres en caso de que los propuestos por las autonomías fueran insuficientes o inadecuados.

La presentación de un recurso de inconstitucionalidad por el PP, que fue rechazado, y la disolución de las Cámaras ante la convocatoria electoral paralizó el proceso, que se reanudó tras este pasado verano. Salvo las Islas Baleares y Asturias, todas las CCAA enviaron al Senado sus candidatos y resultó que dos nombres aparecían repetidos en las listas de nueve parlamentos, los nombres propuestos por el PP: Antonio Hernando y Enrique López.

DETENIDO 'SINE DIE'

Ambos fueron desde el principio rechazados por el PSOE y por las formaciones nacionalistas y el PP les devolvió los argumentos que había escuchado al principio del proceso: como se había abierto el proceso a las Comunidades, estos dos eran los candidatos de nueve de ellas.

El Senado continuó pese a todo con el proceso, pidiendo a varios legislativos autonómicos que aclarasen algunas dudas sobre los currículos de sus candidatos. Aunque era inexistente la negociación entre socialistas y 'populares', la Mesa lo decidió así para no dejar ningún detalle sin resolver y sentar un precedente en futuros procesos de elección de magistrados con participación autonómica.

Con todo este trabajo previo ya hecho, es el presidente del Senado quien debe dar el siguiente paso y convocar la Comisión de Nombramientos, el primer filtro para elegir a los cuatro candidatos. Los nombres que sean propuestos por este órgano deberán ser ratificados por el Pleno, con mayoría de tres quintos. Pero Javier Rojo ya ha dejado claro que mientras socialistas y 'populares' no negocien, el Senado no reanudará la elección.

23 CANDIDATOS.

El PP ha situado a través de nueve parlamentos autonómicos al ex presidente y al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando y Enrique López, como candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional por el Senado, mientras que el PSOE apoya a otros 15 aspirantes.

Junto a ellos, se encuentran dos candidatos del Parlamento catalán apoyados por el tripartito y CiU, otro del PNV, uno más propuesto por UPN en Navarra, otro de Coalición Canaria y una de IU de Andalucía.

En total son 23 aspirantes, aunque la Cámara Alta no está obligada a elegir a los cuatro magistrados de entre ellos si no los considera adecuados. En el supuesto de que ninguno obtenga la mayoría suficiente y se abra un segundo proceso de elección, la iniciativa ya no sería autonómica sino que quedaría reservada a los grupos parlamentarios.