BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha afirmado, ante la petición del colectivo de presos de ETA (EPPK) de una amnistía total, que la Constitución no recoge esa posibilidad y que sería "tremendamente injusta" para las víctimas". Asimismo, ha indicado que para que haya un "buen pronóstico reinserción social" los presos deben "colaborar con la Justicia".
En una entrevista a ETB, recogida por Europa Press, también ha recordado, respecto al ex portavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, y su condena por el caso Bateragune, que la sentencia no es definitiva. En este sentido, ha indicado que los jueces serán "sensibles" al ejecutar la pena, aunque no en el momento de "decidirla", si se demuestra que es "un buen ciudadano en sentido legal".
Ante las recientes manifestaciones del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, respecto a los presos de ETA, ha asegurado que lo que dijo en el acto de apertura del año judicial tiene que ver "primero con la exigencia de que se disuelva la organización terrorista y segundo con el recordatorio de que el Código Penal prevé determinadas circunstancias que permiten un buen pronóstico penitenciario".
"Y que, si se cumplen esas circunstancias, quien las cumpla, entrará en buen pronóstico penitenciario, lo que quiere decir que podrá ser también objeto de medidas, incluida la libertad vigilada", ha añadido.
Ibarra ha añadido que, entre esas circunstancias, "lo novedoso" es que, además, tienen que "pedir perdón a las víctimas". "Pero lo que no es novedoso, sino que ya estaba y sigue estando, es que deben colaborar con la Justicia", ha apuntado.
El presidente del TSJPV ha explicado que el precepto al que el fiscal se refirió, fue el artículo 90 del Código Penal, en un apartado que establece el tema de la reinserción en el caso de que el penado, muestre signos "inequívocos" de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y, además, haya "colaborado activamente" con las autoridades.
"Por lo tanto tiene que colaborar con la Justicia para que haya un buen pronóstico de reinserción social, un buen pronóstico penitenciario", ha manifestado.
AMNISTIA
En relación a la petición de una amnistía total cuando ETA desaparezca, Ibarra ha asegurado que la Constitución española no permite las amnistías y "es lógico". Según ha manifestado, en la democracia se "confía" en la política penitenciaria y la amnistía sería el "olvido".
Ibarra ha asegurado que el olvido "nos llevaría a comprar un carné en el que abandonáramos a las víctimas". "La amnistía no puede contemplarse en nuestro ordenamiento constitucional, ni sería socialmente bueno. Creo que la amnistía sería tremendamente injusta para las víctimas", ha agregado.
Por otra parte, preguntado por si, tras un final de ETA, la Justicia podría analizar, de otra manera, las consecuencias de un acto delictivo, ha respondido que no, y ha asegurado que, en los procesos, lo que se juzga es un "hecho pasado" y se hace de acuerdo con las leyes que regían en el momento de la comisión del hecho.
Por ello, ha indicado que el enjuiciamiento penal "no es susceptible de modificarse" por el paso del tiempo y ha añadido que lo que si se podría variar es "la forma de ejecución de las penas, el tratamiento por tanto, no de la calificación de lo que se ha hecho y la imposición de la pena correspondiente a lo que se ha hecho, sino, en su caso, la forma de cumplimiento de esa pena".
En relación al problema del terrorismo, Ibarra ha indicado que, al menos, en otras tres ocasiones se ha estado en una situación "que parecía que era el final" y ahora la "gran diferencia" es que la sociedad vasca "no aguanta la posibilidad de una marcha atrás".
Por ello, cree que el "gran reto" es que "no caigamos en el olvido de lo que ha pasado" y ha destacado que la responsabilidad es que "la memoria sea tanto como la verdad de la memoria".
VERIFICADORES
Ante las palabras del fiscal superior del País Vasco, en las que afirma que "bienvenidos sean los verificadores y todos los que ayuden a la paz", ha señalado que le han sorprendido "tanto" que ha hablado con Calparsoro. "Me decía que era una consideración abstracta, que no se refería, en concreto, a los mediadores que, en este momento, están queriendo actuar en relación con la disolución de la banda terrorista", ha añadido.
Ibarra ha afirmado no conocer quién ha designado a los miembros de la comisión de verificación y ha añadido que ello le resulta "inquietante". "Esto de que les han nombrado una organización extranjera. Luego no sé quién les paga, también éste es un dato al que habría que darle importancia porque en esas condiciones puede ser que, en realidad, su función no esté adecuada a lo que son los requisitos del funcionamiento democrático", ha dicho.
Preguntado por Sortu y por si los tribunales deberían resolver con prontitud, sobre su legalización, ha manifestado que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han dictado sentencias en tiempos "electorales" que son "realmente muy cortos", pero los recursos de amparo tienen unos "tiempos que no son éstos", debido a que son "numerosos".
"Lógicamente, el Tribunal tendría que tener algún tipo de circunstancia, en definitiva, que hiciera perder los efectos de una posible sentencia estimatoria. En ese caso, si los efectos de una posible sentencia estimatoria pudieran verse perjudicados, entonces el tribunal, a buen seguro, adelantaría estos plazos. Yo no sé si esto se le ha planteado el Tribunal y, si se le ha planteado creo que no ha sido formalmente porque el tribunal no ha tomado ninguna resolución sobre ello", ha precisado.
Ibarra ha indicado que ello quiere decir que el tribunal entiende que la decisión sobre la negativa de inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos "no es una cuestión que jurídicamente pueda, en definitiva, tener una circunstancia que obligue a adelantar".
OETGI
Preguntado por el hecho de que el ex portavoz de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, haya sido condenado a diez años por el caso y Bildu sea una formación legalizada, ha asegurado que una persona puede hacer "muy bien en muchas cosas y de hecho suele ser así" pero, si comete un delito, "el que haya hecho muy bien muchas cosas no le exime de tener que responder por esa acción, si es que se califica de delictiva".
"Esto quiere decir que los jueces no van a ser sensibles, en definitiva, a la capacidad de inserción social, a la capacidad de ser buen ciudadano por parte de quien es condenado, en este caso, el señor Otegi, claro que van a ser sensibles, pero van a ser sensibles no en el momento de decidir la pena, sino que van a ser sensibles en el momento de ejecutar la pena", ha señalado.
Asimismo, ha añadido que, en este caso, no se está ante una sentencia definitiva y habría que esperar a la "segunda mirada". "Y luego, en su caso, pensemos en que, en la ejecución de una eventual pena, claro que va a influir las circunstancias personales, en este caso de la persona condenada, si es que esas circunstancias permiten un pronóstico de ser un buen ciudadano en sentido legal", ha concluido.