BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ex conseller de la Generalitat Macià Alavedra y el ex secretario de la Presidencia Lluís Prenafeta aseguran que las comisiones que cobraban por operaciones urbanísticas, relacionadas con el caso 'Pretoria', eran plenamente legales, por lo que aportaron facturas.
Así lo defiende el abogado de Alavedra y Prenafeta, Juan Córdoba, en el recurso de reforma presentado ayer ante la Audiencia Nacional contra el auto de prisión dictado el viernes pasado por el juez Baltasar Garzón.
En declaraciones a Europa Press, Córdoba explicó que el auto no atribuye ningún delito a sus clientes, ya que el cobro de comisiones por actuar como intermediarios en operaciones urbanísticas --una en Badalona y otra en Sant Andreu de Llavaneres-- "no es un delito de tráfico de influencias", aunque admite que la palabra 'comisión' "suena mal".
Además, dijo que tampoco se les atribuye ningún delito contra la Hacienda pública por evadir dinero en paraísos fiscales.
Igualmente, el abogado recuerda en su escrito que no hay peligro de fuga de sus defendidos, ya que ambos tienen un fuerte arraigo social y familiar, y tampoco pueden eliminar pruebas, ya que durante dos años se les 'pinchó' el teléfono y sus domicilios y empresas fueron registrados y toda la documentación está en manos del juez.
