El cuñado de 'Luigi' declara durante más de una hora ante el juez y el resto de testigos lo hacen apenas diez minutos
MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha rechazado imputar por el momento a la representante de la Entesa Catalana de Progrès Maite Arqué (PSC) después de que ayer se trasladara hasta el Senado para preguntarle por las operaciones urbanísticas que la presunta trama de corrupción 'Pretoria' desarrolló en Badalona (Barcelona) durante su etapa como alcaldesa, informaron hoy fuentes jurídicas.
El magistrado, que investiga la compra y venta de solares que la trama llevó a cabo en este municipio y en los de Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres, se trasladó a la Cámara Alta después de que Arqué se acogiera a su derecho de declarar en su despacho sin necesidad de desplazarse hasta las dependencias judiciales.
Arqué, que fue alcaldesa de Badalona entre 1999 y 2008, fue interrogada por una operación urbanística desarrollada junto al puerto deportivo entre los años 2002 y 2004 y por la que el Ayuntamiento de la localidad dejó de invertir un total de 14 millones de euros, según consta en los autos del juez Garzón.
Fuentes próximas a la senadora, por su parte, confirmaron que la declaración ante el juez se realizó ayer de forma presencial aunque no quisieron ofrecer ningún detalle sobre el contenido de la misma. En todo caso, señalaron que para Arqué ha sido "un alivio" poder trasladar al juez su versión de los hechos.
Tras la declaración, el juez decidió mantener a Arqué con el estatus de testigo, por lo que de momento no será imputada, al contrario de lo que ha sucedido con el resto de los ex alcaldes de los municipios investigados: Bartomeu Muñoz (PSC), de Santa Coloma de Gramenete, y Víctor Ros (PP), de Sant Andreu de Llavaneres. * La actuación urbanística investigada, denominada 'Operación Badalona', consistió en la adquisición de un solar por parte de la sociedad pública Marina Badalona que fue revendida a las inmobiliarias Espais y Procam utilizando la mediación y los contactos políticos del ex diputado del PSC, Luis García, 'Luigi', y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, todos los cuales se encuentran imputados en la causa.
COMPARECENCIAS BREVES
El interrogatorio más destacado de los celebrados hoy en la Audiencia Nacional fue el de Wenceslao Manzanares Puig, cuñado del presunto cerebro de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, 'Luigi', y responsable de la empresa Capital City Consulting, en cuya sede se intervinieron varias obras de arte. El compareciente permaneció más de una hora en el despacho de Garzón aunque rechazó realizar ningún comentario a su salida del juzgado.
Los otros ocho testigos, entre los que se encontraba el ex concejal de Barcelona Ferrán Julián (PSC) y el ex director de Seguridad Ciudadana con CiU, Lluís Renau, comparecieron durante apenas duraron diez minutos y se limitaron a explicar las actividades que desarrollaron en relación con la trama.
"Ha ido bien pero no voy a hacer declaraciones", señaló Julián a su salida del juzgado después de haber afirmado a la entrada que se encontraba "bastante" sorprendido por su citación judicial como testigo. Julián ocupó la cartera de Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2003 y 2007 y es en la actualidad consejero delegado de la empresa pública Regesa, perteneciente al Consejo Comarcal del Barcelonès y dedicada a la construcción de vivienda protegida, aparcamientos y labores de rehabilitación.
Renau, por su parte, está vinculado a una compañía denominada Projeces Viner que habría cobrado 120.000 euros del millón que se habría obtenido con la recalificación del solar de la empresa Marina Badalona. A su salida del despacho de Garzón, se mostró satisfecho con el contenido en su declaración y afirmó que había ido "bien".
EX CONCEJAL DE BARCELONA
También comparecieron los testigos Ramón Peñaranda Prat y Antonio Bellostes Terre, director general y director general financiero, respectivamente, de la constructora Proinosa. El presidente de esta empresa, Josep Singla, se encuentra imputado en la trama y salió de prisión tras pagar una fianza de 500.000 euros por su presunta implicación en la operación 'Pallaresa' de Santa Coloma. Ambos manifestaron que la comparecencia había ido "bien" y que había sido "breve y corta".
Asimismo, respondieron a las preguntas del juez y el fiscal el ex director de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Albert Gadea; la ex directora de Servicios Generales del municipio, Maite Carol; y la directora de zona de la empresa de servicios de limpieza Limasa, María Isabel García. El responsable de esta compañía, Manuel Carrillo, fue imputado en la causa por haber entregado supuestamente varias cantidades de dinero al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, en compensación por la prórroga de cuatro años de un contrato de limpieza.
Por el despacho de Garzón también desfiló Jeff Schroeder Quijano, presidente de una sociedad (Studios Mind Park) que recibió casi 300.000 euros del millón de euros que presuntamente se obtuvo por la recalificación del solar de Marina Badalona.
20 IMPUTADOS PERO SÓLO UNO EN PRISIÓN
En este procedimiento, que investiga operaciones urbanísticas presuntamente irregulares llevadas a cabo en los municipios barceloneses de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres, están imputados un total de 20 personas. El único que se encuentra en prisión es Luis García, al que la Sala de lo Penal mantuvo en prisión en diciembre pasado para evitar que pudiera destruir pruebas.
Además, permanecen en libertad bajo fianza Alavedra y Prenafeta (un millón de euros); el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC) y los presidente de Espais y Proinosa, Lluís Casamitjana y Josep Singla, respectivamente (500.000 euros); el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco (200.000 euros); el consejero delegado de Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo (100.000 euros); y el director gerente de Servicios de Santa Coloma, Pasqual Vela (25.000 euros).
