Pretoria.- ICV pide fijar un precio máximo en la venta de suelo y limitar los beneficios empresariales

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

ICV propuso hoy a los partidos catalanes un decálogo de buenas prácticas urbanísticas, entre las que destaca fijar un precio máximo en la venta de suelo, y limitar los beneficios empresariales pero incrementar la parte pública de las plusvalías generadas por la actuación urbanística.

El secretario general de ICV, Joan Herrera, planteó en rueda de prensa un 'Pacto contra la corrupción, por la transparencia y el buen gobierno' para salir de la "crisis política" que sufre Catalunya. El decálogo comportaría cambios legales, anunció.

Otras propuestas son el desarrollo efectivo de los Consejos Asesores Urbanísticos, incluir la financiación irregular de los partidos en el Código Penal y endurecer las penas por corrupción, a la vez que se dota de más medios a la Justicia para su investigación y se acorta los plazos de instrucción.

Prohibirían las donaciones anónimas a los partidos, independientemente de su cuantía, e impedirían que entidades que reciben subvenciones públicas financien a fuerzas políticas o fundaciones vinculadas. Las donaciones no podrían hacerlas personas jurídicas y deberían ingresarse en cuentas corrientes específicas e identificadas.

LAS DEUDAS DE LOS PARTIDOS

Por otro lado, los partidos deberían informar al Tribunal de Cuentas y al Banco de España de cualquier modificación en las condiciones de su deuda con entidades bancarias. Las cuentas de los partidos serían de acceso público y aquellos que no cumplieran los requisitos de transparencia serían excluidos de las subvenciones.

Aprovecharían a fondo las posibilidades de la Sindicatura de Cuentas para auditar administraciones, entidades y empresas, que deberían acreditar en poco tiempo cómo y cuándo han resuelto las posibles incidencias detectadas.

En cuanto a las campañas electorales, limitarían el gasto y lo harían más transparente. También limitarían la propaganda electoral y harían un 'mailing' centralizado y conjunto de todas las candidaturas.

Los altos cargos de la administración pública y de empresas públicas declararían sus ingresos y bienes patrimoniales, en aplicación efectiva de la ley vigente.

También se aprobaría un código ético y de conducta para los cargos públicos, se aplicaría el 'Decálogo de buenas prácticas de la comunicación local pública' y se potenciaría la figura del Síndic de Greuges.

Además harían un Estatuto de Representantes Locales para regular los derechos y deberes de los concejales, potenciarían el control de la oposición e incrementarían el control en la contratas públicas de larga duración con su aprobación obligatoria en el Pleno Municipal independientemente de su cuantía.

"No aceptaremos una rebaja en estos puntos porque son de sentido común", sostuvo Herrera. Sin embargo, se mostró abierto a incorporar otros aspectos.

"Es necesario cambiar parte de las reglas del juego" y "echar la codicia del espacio público", declaró. "No nos sirve un Pacto por la Regeneración Democrática, hace falta algo concreto", añadió en referencia a propuestas de otras fuerzas políticas.

Herrera recordó que en 2005 ICV propuso trece propuestas parecidas y que nadie les escuchó. "¿Hoy el resto de fuerzas políticas siguen diciendo no?", se preguntó, y situó la primera oportunidad de cambio en las elecciones autonómicas de 2010.

Herrera se refirió a la suspensión de militancia de los imputados en la 'Operación Pretoria', que valoró positivamente aunque son "insuficientes" porque hace falta un cambio legal.

Emplazó a aclarar las posibles implicaciones de todas las instituciones públicas, citando al Incasòl, y a cesar a quien sea oportuno. También resaltó las detenciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón, que "contrastan poderosamente" con la "imagen de impunidad" del caso Millet.