VITORIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSE-EE registró hoy una moción en las Juntas Generales de Alava en la que solicita que al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que retire su propuesta de consulta por entender que crea "dificulta la convivencia y crea división e incertidumbre".
En un comunicado, los socialistas indicaron que con este texto también pretenden que la Cámara foral apoye al Gobierno central "para que tome las decisiones oportunas que garanticen el respeto y el cumplimiento de la legalidad vigente".
La iniciativa del PSE-EE, recuerdan, se presenta después de que los 'populares' registraran una moción similar en la que se rechazaba el proyecto de Ibarretxe por considerarlo "contrario a la legalidad" y porque "atenta contra el derecho de vinculación con España de los alaveses", y con el fin de actualizar este texto que está "anclado en el pasado".
Según explican, los socialistas alaveses son "conscientes de la necesidad de retomar una política de diálogo, encuentro, acuerdo y consenso entre las fuerzas democráticas" para dar "estabilidad a las instituciones", para "preservar la unidad democrática contra el terrorismo de ETA" y para "sumar esfuerzos en la preocupación por los problemas que la ciudadanía debe sortear día a día para mejorar su calidad de vida".
Por este motivo, en la moción del PSE, además de pedir la retirada de la propuesta del lehendakari, se expresa el "compromiso de las Juntas con la defensa de las libertades, con la exigencia del fin de ETA, con la consecución de la paz y con la necesidad de avanzar en el fin de la violencia para poder acometer posibles reformas que afecten a nuestro modelo autonómico".
"Las Juntas apuestan porque aquellos problemas que son comunes a todos los vascos (modelo de país, niveles y modificaciones competenciales y relaciones interinstitucionales) sean acordados en primera instancia en el País Vasco, con amplias mayorías transversales, y se trasladen a las instituciones competentes sólo cuando sean resueltos con carácter integrador y amplios consensos", añaden.
Asimismo, "exigen el estricto cumplimiento de la legalidad en todas las instituciones, desde el respeto y cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Territorios Históricos" y muestran su apoyo al Gobierno de España para que "tome las decisiones oportunas que garanticen el respeto y el cumplimiento de la legalidad vigente en las decisiones y acciones de todos los representantes políticos e institucionales".
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