PSIB exige penas de cárcel para los políticos imputados en el Caso Caballistas al estimar que son "autores responsables"

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSIB de Mallorca, Cosme Bonet, exigió hoy penas de seis años de prisión para los 12 políticos imputados en el Caso Caballistas, al considerar que todos son "autores responsables" de un delito de falsedad documental en documento oficial al emitir en 2004 supuestos certificados falsos para legalizar una casa en suelo rústico del ex-alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, como si fuera un club hípico.

En una rueda de prensa, Bonet señaló que la Fiscalía de Baleares ha solicitado unas penas diferentes a las que pidieron los socialistas, después de que sólo haya considerado a Vidal y al alcalde de Campos, Andreu Prohems, como autores responsables de un delito de falsedad documental, solicitando para ellos una pena de seis y tres años de cárcel, respectivamente.

Sin embargo, lamentó que la Fiscalía sólo considere "autores imprudentes" al resto de responsables políticos del PP imputados en este caso, para quienes solicita multas de 6.000 euros e inhabilitación especial para cargo o función pública en la administración local, autonómica o estatal, durante un periodo de nueve meses.

Así, recordó que entre estos dirigentes se encuentran la alcaldesa de Felanitx y parlamentaria del PP, Catalina Soler; el alcalde de Selva, Joan Rotger; el alcalde de Montuiri, Gabriel Matas; el alcalde de Santanyí, Miquel Vidal; el alcalde de Lloret, Joan Jaume; el alcalde de Sa Pobla, Antoni Serra; el alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; el teniente de alcalde de Llucmajor, Joan C. Jaume; el teniente de alcalde de Inca, Joan Rubert; y el concejal de Inca, Joan Llabres.

Por otra parte, el dirigente socialista acusó a los ex-consejeros de Medio Ambiente, Turismo, Presidencia y Deportes y Agricultura y Pesca, Jaume Font, Joan Flaquer, Rosa Puig, y Margalida Moner, respectivamente, de estar "implicados" en esta "trama de corrupción", después de que en la pasada legislatura "avalaran" con informes la declaración de interés general del "falso" club hípico utilizado por Vidal para legalizar una casa en suelo rústico.

Bonet recordó que el PSIB ya aportó esta información en el escrito que en su día remitió a la Fiscalía, aunque apuntó que ésta consideró que los documentos elaborados por los ex-consejeros "no eran estrictamente falsos, porque no decían ninguna mentira", por lo que no les pudo imputar un delito de falsedad documental.

"CONSECUENCIAS POLÍTICAS"

No obstante, el dirigente socialista estimó que aunque los citados informes "no tengan consecuencias penales, sí que deberían tener consecuencias políticas", debido a que, a su juicio, Font, Flaquer, Puig y Moner fueron "imprudentes" al avalar la declaración de interés general de un club hípico que no existía y que fue utilizada por Vidal para legalizar las construcciones de una vivienda unifamiliar aislada, una nave y otras construcciones en una parcela de 8.878 metros cuadrados, situada en suelo rústico.

Así, exigió explicaciones a la presidenta 'popular' y ex-vicepresidenta del Gobierno autonómico, Rosa Estarás, y, en este sentido, esperó que dé respuestas sobre este asunto si realmente desea "impulsar" un nuevo PP, ya que en caso contrario, consideró que esta formación "no recuperará la confianza de los ciudadanos".

El secretario de Organización del PSIB aseveró que pese a que el Caso Caballistas "no es tan espectacular como el de Andratx por el volumen económico", se trata de la "primera trama de corrupción que se conoció del PP en Baleares y que implica a muchos dirigentes importantes de este partido, de los cuales algunos han dejado la política, mientras que otros muchos, como Soler y Prohems están ejerciendo actualmente un cargo político".

En este sentido, Bonet estimó que el PP "no se está regenerando", tal como, en su opinión, lo pone de manifiesto el hecho de que dirigentes imputados formaran parte de las listas electorales en las pasadas elecciones municipales, insulares y autonómicas, celebradas el 27 de mayo de 2007.

En el Caso Caballistas también están imputados el celador de Obras del Ayuntamiento de Ses Salines, Sebastián Escalas, y el secretario del Consistorio de Campos, Sebastià Portell, para quienes la Fiscalía reclama cuatro años de prisión y la inhabilitación especial para cargo o función pública en la administración durante un periodo de 5 años. Además, pide una multa de 3.000 euros para Escalas y otra de 6.000 euros para Portell.

CONSTRUCCIONES ILEGALES

El fiscal acusa a Vidal de elaborar y firmar un documento en papel oficial del Ayuntamiento de Ses Salines, fechado a 11 de agosto de 2004, en el que como alcalde de este municipio daba fe de que la Agrupación de Caballistas de Ses Salines actuó en esta localidad, en diversas exhibiciones, demostraciones y espectáculos desde 1995, con el fin de obtener la declaración de interés general para legalizar las construcciones de una vivienda unifamiliar aislada, una nave y otras construcciones en una parcela de 8.878 metros cuadrados, situada en suelo rústico.

Así, la Fiscalía señala que el tamaño de la parcela era muy inferior al requerido por la normativa urbanística (14.000 metros cuadrados) para poder construir, de forma que había tratado de legalizar la nave indicando que era para uso agrícola, aunque dicha solicitud fue denegada.

Por ello, Vidal sólo tenía como único medio de legalizar lo construido que la administración declarase el interés general de las actividades que se iban a desarrollar en esta parcela y en las distintas construcciones, para lo cual, hizo que la Agrupación Caballista de Ses Salines promoviera la tramitación de un expediente solicitando la declaración de interés general y la legalización de las edificaciones, alegando que su uso se destinaba a la actividad de un club social hípico.

De esta forma, el fiscal apunta que el ex-alcalde de Ses Salines no solamente elaboró el citado documento contrario a la realidad debido a que la Agrupación no existía, sino que convenció a otros diez alcaldes para que realizaran documentos con un contenido similar e "inveraz", asegurándoles en algunas ocasiones que el contenido de lo que firmaban se correspondía con la realidad y en otras prevaliéndose de su cargo de alcalde y de su militancia política.