MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha acordado una reducción salarial para todo el personal con el objetivo de mantener los empleos, tras el principio de acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado este miércoles y que incluye un centenar de prejubilaciones, 16 bajas voluntarias y siete despidos con indemnizaciones de 35 días por año trabajado.
La Mesa negociadora firmó este miércoles un principio de acuerdo, presentado en el Ministerio de Trabajo, que recoge que el centenar de trabajadores prejubilados mayores de 58 años se acogerán a un programa de garantía de rentas, financiado por el propio partido, por el que percibirán entre el 68 y el 74% de su salario bruto actual.
Este acuerdo, que ha sido aprobado con cerca de un 70% de votos a favor en la asamblea celebrada este jueves por los trabajadores de los tres centros afectados en Madrid, afecta a la plantilla de la estructura federal del partido, a los trabajadores de los grupos socialistas en el Congreso y el Senado y a 14 estructuras territoriales: ocho partidos autonómicos y seis provinciales.
La Mesa Negociadora considera "razonable y positivo" el principio de acuerdo. Durante el proceso de negociación, la dirección del PSOE se ha marcado como objetivo el de limitar al máximo el impacto social del expediente y buscar formulas solidarias que redujeran al mínimo las consecuencias laborales.
En este sentido, se ha acordado una reducción salarial de todo el personal para poder mantener el empleo. Asimismo, la dirección del PSOE destaca que se han conseguido los dos objetivos que se marcó al principio de la negociación: alcanzar un acuerdo con los sindicatos y no aplicar la reforma laboral del Gobierno de Rajoy.
PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICA
El ERE se produce después de que los socialistas hayan puesto en marcha un plan de viabilidad económica para recudir al mínimo el impacto social de la medida.
Así, la dirección del PSOE puso en marcha el pasado mes de marzo un ambicioso plan de austeridad para hacer frente a la difícil situación económica del partido debido al importante descenso de ingresos de la organización tanto por los resultados electorales como por la reducción de las asignaciones a partidos políticos debido a la crisis.
Este plan ha conseguido que el 70% del ahorro se haya hecho en servicios y gastos corrientes reduciendo al máximo el ajuste en el capítulo de personal.
Finalmente, la Mesa Negociadora ha denunciado la "intolerable intromisión" de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, por haber filtrado supuestamente un informe sobre un ERE confidencial "con el único objetivo de perjudicar al primer partido de la oposición".
