SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado las "diferentes varas de medir" y el "doble rasero" de los discursos del alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), que frente a un foro internacional celebrado este martes en los Reales Alcázares "no ha tenido ningún reparo en defender las políticas urbanas que está llevando a cabo el gobierno al que representa para la inclusión de los inmigrantes en Sevilla".
Para el socialista Juan Manuel Flores, "ésta sería una magnífica oportunidad para que los participantes en este encuentro conocieran en boca del alcalde, y también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), lo que el popular entiende por ayuda a los inmigrantes, cuando en aplicación del plan de ajuste aprobado por urgencia el pasado mes de marzo les "grava" al obligarles a pagar una nueva tasa de 40 euros por la emisión del certificado de idoneidad de vivienda para la solicitud de la reagrupación familiar, es decir, para que puedan traer a sus familias.
Los socialistas ya criticaron la "escasa sensibilidad" que el gobierno popular demostraba con el cobro de la tarifa de nuevo cuño que recae precisamente sobre "uno de los colectivos más desfavorecidos y con mayores dificultades económicas, máxime teniendo en cuenta que hasta la llegada del polémico plan de ajuste la obtención de este permiso no tenía coste alguno para los solicitantes, lo que demuestra que el afán recaudatorio de Zoido no encuentra límites ni siquiera entre los que menos tienen".
Flores también ha criticado las justificaciones que ofreció el edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), "cuando, en un esfuerzo por defender lo indefendible, afirmó que la tasa impuesta es mínima para el servicio que se presta y que con ella lo que se pretendían es disuadir a aquellos que solicitan el certificado, provocan el gasto y luego no lo recogen".
A las críticas socialistas se unieron, recuerda el PSOE municipal, las de Andalucía Acoge, la asociación de carácter social que defiende los derechos y la integración de los inmigrantes en la comunidad "y que, igualmente, exigió la anulación inmediata de lo que consideran un abuso sobre los más vulnerables de nuestra sociedad, sobre todo si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones el certificado no va acompañado de la correspondiente visita para comprobar el estado de la vivienda del solicitante, siendo el informe una mera formalidad por la que, eso sí, no dudan en cobrar hasta 40 euros".
