MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, afirmó hoy que una decena de concejales de distrito y altos cargos del Partido Popular intervinieron entre 2005 y 2007 para agilizar la concesión de licencias.
Lucas señaló que su grupo va a solicitar la dimisión de las delegadas Pilar Martínez y Paz González, responsables de Urbanismo y Medio Ambiente en este periodo, y avanzó que pedirá la comparecencia del alcalde en el pleno del día 20 para explicar la implicación de estos altos cargos en la denominada 'operación Guateque' después de que el vicealcalde Manuel Cobo asegurara que en este caso sólo hay implicados funcionarios y no cargos políticos.
Estas declaraciones de Lucas llegan después de que 'El País' señalara que la base de datos de la Concejalía de Medio Ambiente contiene recomendaciones por escrito de ediles y altos cargos para dar prioridad y adelantar más de 100 permisos.
Asimismo, Lucas calificó la 'operación Guateque' de la "mayor crisis institucional y política del Ayuntamiento de Madrid en los últimos treinta años" y reclamó a Ruiz-Gallardón que "no mire para otro lado" y que "no olvide dar la cara por los problemas para los que fue elegido".
Por su parte, el secretario federal de política municipal, Álvaro Cuesta, que también estuvo presente en la rueda de prensa que se celebró en la plaza de la Villa, coincidió con Lucas en que "el PP se empeña en mirar para otro lado" y destacó que los madrileños "no se merecen que Ruiz-Gallardón y Rajoy estén de guateque mirando para otro lado".
Cuesta también señaló que se trata de un tema de "gran gravedad, que perjudica al interés general" de los madrileños, y consideró que el Ayuntamiento "ya tenía conocimiento" de esta agilización de licencias, a pesar de que no lo diga.
En este sentido, aseguró que el PSOE va a ser "implacable" en la persecución de estas conductas y que el PSOE va a exigir responsabilidades políticas a los implicados en "desatascar expedientes violentando los turnos establecidos", lo que a su juicio muestra el "favoritismo" ejercido y la "complicidad con la quiebra del principio de igualdad".
Por otra parte, Cuesta consideró que es necesario llevar a cabo medidas preventivas, separar de sus funciones a los claramente afectados y llevar a cabo medidas de depuración de responsabilidades políticas. Además, matizó que la solución "no es privatizar, sino tirar de la manta y asumir responsabilidades políticas".
