El PSOE apostó en su programa electoral por ceder la instrucción a los fiscales, bajo control de un juez de garantías

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa electoral del PSOE para las elecciones del 9-M recogía, en materia de Justicia, la "apuesta" por encargar a los fiscales la dirección de la investigación en los casos penales, con "criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la Ley, bajo el control judicial de un juez de garantías".

El PSOE, que subraya la independencia del Poder Judicial, ha rechazado hacer valoraciones políticas de la disputa abierta entre el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y las asociaciones de jueces.

En el origen de la disputa está la instrucción que éste ha enviado a los fiscales en la que insiste en la facultad de los fiscales para dirigir a la Policía Judicial en los procesos en curso mientras que, para la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), "con la Ley en la mano, no hay duda de que el fiscal no puede desarrollar ninguna diligencia investigatoria en el momento en el que un procedimiento está incoado".

El programa con el que los socialistas ganaron las elecciones incluye el compromiso de elaborar una nueva Ley Procesal Penal que garantice la doble instancia penal y la revisibilidad de las condenas y "apuesta" por encargar al fiscal la dirección de la investigación.

La nueva ley, añade el documento, debería permitir también adaptar el procedimiento a las necesidades de los juicios rápidos y favorecer la mediación "cuando la naturaleza y la gravedad del delito lo permita".

El programa anuncia también otras reformas en materia judicial, como cambios en el Código Penal para tipificar como delito la "asociación para delinquir", sancionar penalmente a los clientes de la prostitución infantil y el acoso laboral y contractual y establecerá la responsabilidad penal para personas jurídicas.

Los socialistas quieren fomentar la lucha contra la "corrupción pública y privada para garantizar los derechos de los accionistas, clientes y consumidores" y mejorar la protección de la intimidad, además de afrontar de manera coordinada internacionalmente la lucha contra el crimen organizado, "ampliando las posibilidades de decomisar las ganancias ilícitas y asegurando el pago de las responsabilidades civiles".

Para promover la máxima protección de las víctimas de los delitos y con especial atención a las víctimas de la violencia de género, se desplegarán oficinas de atención a las víctimas.

A esto se sumará la celebración de un debate bianual en el parlamento, a iniciativa del Gobierno, sobre las bases a través de las cuales "se articulará la política criminal del Gobierno".

CONSEJOS AUTONOMICOS Y CESE AUTOMATICO EN EL CGPJ

El PSOE se propone además acabar con el bloqueo del poder judicial y para ello y aboga por establecer un plazo "prudencial" para la renovación del CGPJ, produciéndose el cese automático de sus miembros cuando se rebase dicho plazo.

Los socialistas apuestan por adaptar la Justicia al Estado de las Autonomías y para ello quieren crear los Consejos de Justicia de las CCAA, que permitan una desconcentración del gobierno del Poder Judicial y un conocimiento más próximo de los problemas de la Justicia por la Ciudadanía, garantizando la independencia del Poder Judicial.

Los miembros de estos consejos no tendrán dedicación exclusiva y serán presididos por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Su elección responderá a un nuevo modelo en el que intervendrán las Asambleas Legislativas de las CCAA.