Los socialistas defienden que hace falta un "cambio de actitud" hacia el diálogo y ven "atisbos de rectificar" en el PP y el Gobierno
MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE quiere ofrecer respuestas políticas para solucionar el conflicto con Cataluña y, para ello, apuesta por "restaurar mediante reformas legislativas" aquellos elementos del Estatut que han resultado "dañados" desde la sentencia del Tribunal Constitucional.
Ésta es una de las propuestas para resolver la crisis territorial que hacen los socialistas en la ponencia marco que ha coordinado el diputado vasco Eduardo Madina y que el PSOE debatirá el próximo sábado en Madrid. Después, será aprobada por el Comité Federal e iniciará su camino hasta el 39 Congreso del partido.
En el documento político elaborado por el equipo designado por la Gestora ocupa un papel destacado la reforma de la Constitución por la que llevan abogando los socialistas desde hace años y que, en el capítulo territorial, sentó sus bases en la 'Declaración de Granada' que pactaron PSOE y PSC en julio de 2013.
Ahora, los socialistas declaran ese documento de plena vigencia y defienden que el conflicto actual sólo se puede "encauzar" mediante "la celebración de un nuevo pacto de convivencia, un nuevo contrato que suponga la actualización del pacto constitucional del 78" construido sobre "unas nuevas bases de lealtad institucional, de voluntad de acuerdo y de respeto a la singularidad".
El documento preparado por el PSOE defiende que la salida a esta crisis no puede pasar por un referéndum en el que "solo la ciudadanía de Cataluña se pronunciara 'directamente' sobre la independencia con un sí o con un no". "Además de no resolver el problema, el derecho de autodeterminación no tiene cabida ni el orden constitucional ni en el derecho internacional", recalcan.
E insisten en que la solución es que el debate sea entre "toda la ciudadanía afectada", en el marco de esa reforma de la Carta Magna. "Es mucho lo que podemos hacer si asumimos un compromiso sincero de diálogo y la firme voluntad política de alcanzar pactos necesarios en muy diferentes terrenos", defienden.
"NO HAY SOLUCIONES MÁGICAS"
Los socialistas admiten que "no hay soluciones mágicas", pero hacen hincapié en que "lo primero" es "propiciar un cambio de actitud que conduzca al diálogo y lo sostenga". Y aseguran que "en la actualidad hay atisbos de rectificar y querer emprender ese camino desde sectores del PP y del Gobierno", así como "gestos, desde determinados ámbitos independentistas, favorables a explorar esa posibilidad".
Por eso, llama a abonar "ese espacio de encuentro" y, de manera inmediata, ofrecer a los ciudadanos "respuestas políticas que no admiten más demora". Entre ellas, el PSOE cita en primer lugar la necesidad de "frenar la dinámica conflictiva en las relaciones entre los gobiernos de España y de Cataluña" y "negociar los conflictos territoriales pendientes".
En segundo lugar, apuestan por "restaurar mediante reformas legislativas y otras medidas que no contradigan la doctrina constitucional todos aquellos elementos de autogobierno que hayan resultado dañados desde la sentencia sobre el Estatut".
También proponen abordar el diálogo sobre los 45 puntos planteados por la Generalitat, dejando fuera "obviamente" la exigencia de celebración de un reférendum sobre la secesión.
En concreto, citan la necesidad de hablar de políticas sociales, política fiscal y financiera y modelo de financiación y de "examinar con precisión, realismo y ánimo abierto y constructivo los alegados incumplimientos del Estado con Cataluña, las posibles invasiones competenciales y otras presuntas interferencias en la acción del gobierno, inversiones, traspasos pendientes, etc".
LEY DE LENGUAS
Además, quieren cambiar la política lingüística y colaborar en la aprobación por consenso de una Ley de Lenguas, "en la línea planteada por la proposición de ley recientemente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados".
Y terminan con la propuesta final de abrir un espacio de estudio y de diálogo sobre las posibilidades de una reforma constitucional consensuada por todos, en una subcomisión de estudio en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.
El PSOE recalca que la reforma habrá de ser consensuada por todos pero marca ya las líneas de lo que será su propuesta y defiende la necesidad de "mejorar la estructura y el funcionamiento" del modelo territorial, "fortaleciendo simultáneamente la unidad del Estado, el autogobierno de las comunidades y el respeto e integración democrática de la diversidad de la España plural, garantizando la igualdad de toda la ciudadanía en sus condiciones de vida en todo el territorio nacional y la solidaridad".
Así, dejan clara su apuesta por el modelo federal, que, a su juicio, podrá "corregir los defectos de organización y funcionamiento del Estado autonómico" y facilitar la convivencia, la cohesión territorial, el desarrollo y la igualdad.
Además, explican que, de acuerdo a lo pactado en Granada en julio de 2013, en la Constitución tienen que estar las comunidades autónomas "por su nombre" y debe "mejorarse" el régimen de cooficialidad de las lenguas de España, para que "quede garantizada su libertad de uso, sin discriminación".
También incluyen la necesidad de clarificar y mejorar la distribución de competencias para "hacerla más racional, reducir la conflictividad y evitar las invasiones competenciales conforme a un modelo más claro", así como la importancia de pactar e incluir en la Carta Magna "los elementos esenciales del sistema de financiación de las comunidades autónomas" conforme a los principios de "autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial".
Y se defiende el reconocimiento pleno de "las singularidades de las distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias: lengua propia, cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, ultraperifericidad, organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil".
AMPLIAR EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN
Pero, en su ponencia política, el PSOE amplía el ámbito de esta reforma más allá del conflicto territorial porque considera que hay que afrontar otros "retos". Entre sus propuestas está la de "proteger y garantizar suficientemente el Estado del bienestar, en especial los derechos básicos de las personas" y ampliar el artículo 135 de la Constitución para incorporar un principio de "estabilidad social" complementario del de estabilidad presupuestaria que asegure un nivel de inversión social "adecuado y suficiente" incluso en situaciones de crisis.
En este capítulo aparece también la necesidad de actualizar la declaración constitucional de derechos para, en particular, "consolidar e impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos"; actualizar el principio de neutralidad religiosa y mejorar la regulación del derecho a la protección de los datos personales, incluyendo el 'derecho al olvido', entre otros.
Además, incorporan su propuesta de regular el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno, previsto en el artículo 99 de la Constitución, para que "no puedan repetirse nunca más situaciones de bloqueo como las vividas en el pasado reciente, durante las XI y XII legislaturas".
