MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición para introducir en el Código Penal la nueva figura de la 'libertad vigilada' --destinada principalmente a terroristas y delincuentes sexuales--, aunque debería matizarla si quiere contar con el apoyo de IU-ICV-ERC, BNG y UPyD. Mientras tanto, el PNV la rechaza de plano porque cree que supone introducir la cadena perpetua "de tapadillo' y CiU todavía no ha fijado posición al respecto.
El proyecto de ley de reforma del Código Penal que el Gobierno envió al Congreso de los Diputados concreta esta nueva medida de seguridad --que debe ser impuesta por el tribunal en sentencia-- como una serie de limitaciones, obligaciones, prohibiciones o reglas de conducta, aplicables hasta un máximo de diez años.
En un primer momento, en el anteproyecto de ley, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero planteó la posibilidad de que esta medida de seguridad durara 20 años, pero, tras los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que veían "difícil" la "justificación" de esta medida.
Finalmente, el proyecto de ley ha incluido esta nueva pena, que deberá ser impuesta en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución tras la excarcelación, y que se hace efectiva en función de un pronóstico de peligrosidad. El juez o el tribunal podrá reducirla o dejarla sin efecto tras un pronóstico positivo de reinserción.
En concreto, propone como medidas de vigilancia la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos; comparecencias periódicas ante el juez; comunicar inmediatamente cambios de residencia o de trabajo; no poder ausentarse de un determinado territorio; no acercarse a la víctima ni comunicarse con ella; no acudir a determinados lugares; no poder desempeñar determinadas actividades o participar en programas formativos, laborales o culturales, y/o seguir tratamiento médico.
PP QUIERE MÁS PROHIBICIONES
El principal apoyo del Gobierno en esta materia es el PP, que, no obstante, ha sugerido alguna modificación en las enmiendas que presentó esta semana. En concreto, quiere impedir que los condenados a libertad vigilada puedan hacer declaraciones o manifestaciones a la prensa que le den notoriedad o le supongan aprovechamiento económico.
Según explicó esta semana el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, el objetivo es acabar con la "venta morbosa de los hechos delictivos", impidiendo que los condenados acudan a los medios "vendiendo exclusivas".
Además, el principal partido de la oposición quiere que mientras dure la medida acordada, los delincuentes tampoco puedan publicar --o ceder los derechos a terceros-- libros, artículos, ensayos o cualquier otro medio que le supongan ganancias o les otorgue relevancia.
Otra de las sugerencias del PP es que se cree una figura responsable de la aplicación de los medios electrónicos para el control de los condenados, de manera que se garantice su "efectividad".
PNV, RECHAZO FRONTAL
Frente a esto, el PNV ha sido el partido que más duramente ha criticado esta medida, que considera que viene a significar la introducción de la cadena perpetua en la legislación española "de tapadillo".
De hecho, en el primer debate que la reforma del Código Penal ha vivido en la Cámara Baja, el pasado jueves para votar las enmiendas a la totalidad, su portavoz en materia de Justicia, Emilio Olabarria, reprochó al Gobierno que actúe de manera menos "honesta" que el PP, que al abrir el debate sobre la cadena perpetua por lo menos "llama a las cosas por su nombre".
Mientras tanto, el resto de grupos no han anunciado su oposición radical a la medida, aunque sí han mostrado su voluntad en que se matice. Así, IU-ICV-ERC, en sus enmiendas, advierten de que si no se limita de alguna manera acabará "aplicándose a muchos más supuestos de los previstos", cuando "el número de personas con gran peligrosidad tras la condena es muy reducido".
En opinión de los diputados de izquierda, la libertad vigilada "puede ser admitida como pena o medida de seguridad en delitos en los que resulte indicado", pero siempre en casos excepcionales, cuando se demuestre que no han funcionado otras medidas y nunca para "incrementar indiscriminadamente el control para todos los delitos sexuales".
Por su parte, la diputada de UPyD ha propuesto reducir la duración de esta medida o incluso que se ponga fin mediante oportunos informes acerca de la evolución del condenado, su grado de rehabilitación, la probabilidad de reincidencia o reiteración delictiva, concretados todos ellos en un pronóstico positivo de reinserción que haga innecesaria o contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas.
Los diputados de CiU no han presentado ninguna enmienda relativa a la introducción de esta medida 'post-pena', ya que todavía no han fijado posición al respecto, explicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
