Actualizado 16/01/2007 16:30 CET

El PSOE dice que el nuevo Pacto Antiterrorista debe basarse en acuerdos anteriores

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, avanzó hoy que el nuevo acuerdo para reforzar la unidad en la lucha contra el terrorismo que ha propuesto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe tomar como base todos los acuerdos y resoluciones que sobre esta materia se han aprobado hasta ahora. Además, advirtió de que con su negativa a sumarse a ese consenso, el PP ha iniciado un "camino a ninguna parte".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el dirigente socialista citó, en concreto, los Pactos de Ajuria Enea, Madrid y Navarra, recordó que sus principios se plasmaron tanto en el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo como en la resolución parlamentaria de mayo de 2005, y reivindicó que todos ellos se utilicen como "acervo" para un nuevo acuerdo.

"No son incompatibles y tan absurdo sería derogar el pacto antiterrorista porque no lo han firmado diversos grupos, como derogar al resolución de 2005 porque no la firmó el PP", apuntó.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el PSOE impulse una nueva resolución parlamentaria en la que se endurezcan los requisitos para hablar con ETA, López Garrido se limitó a señalar que lo que hace falta ahora es que se inicie el diálogo para buscar ese nuevo pacto.

En este contexto, subrayó que el nuevo consenso puede ser "más amplio que nunca" porque los grupos políticos, a diferencia de en ocasiones anteriores, "coinciden en lo esencial", es decir, en que no cabe precio político por paz y en que hay que aplicar el Estado de Derecho. Así, lamentó que ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, "despreciara y huyera" de la oferta que le hizo Zapatero, aunque, en su opinión, no existe razones objetivas para que el PP se niegue a sumarse al resto de grupos.

ASÍ NO CONVENCERÁN AL "PUEBLO ESPAÑOL"

"Debe pensar que la mejor forma de luchar contra el terrorismo es luchar contra el Gobierno", denunció López Garrido, quien juzga una "locura" carente de credibilidad el eje del discurso de Rajoy. A su juicio, el "camino absurdo y suicida" emprendido por los 'populares' no va convencer al "pueblo español de que el Gobierno no quiere derrotar a ETA".

Desde su punto de vista, esta estrategia revela que el principal "problema" del PP es que no acaba de aceptar la "legitimidad" del Gobierno que es, subrayó, el que está "legitimado democráticamente para dirigir la lucha antiterrorista".

A esto es añade, a su juicio, la "profundamente desafortunada" frase pronunciada esta mañana por Rajoy, al afirmar que para ser jefe del Ejecutivo se deberían pedir más requisitos que ser "mayor de edad y español". Para López Garrido esa afirmación demuestra la "absoluta ignorancia y la total incultura" del líder del PP sobre lo que es la democracia, así como una "profunda actitud antidemocrática".

En este sentido, recordó que el requisito fundamental para acceder a la Presidencia del Gobierno es obtener la "confianza" de los electores y apuntó que quizá lo que quiere Rajoy es que se fije como condición "indispensable" ser "registrador de la propiedad" porque probablemente ésta sea la única forma de que llegue a La Moncloa.

NO PEDIRAN LA HUMILLACIÓN DEL PP

Pese a todos los argumentos "disparatados" esgrimidos ayer Rajoy, el portavoz socialista garantizó que su grupo no pedirá al PP que "rectifique", asuma sus "errores" y se "humille", sino que únicamente le demandan que vuelva a la unidad. "Será bienvenido", apostilló.

López Garrido se congratuló de que, al menos, Rajoy haya aceptado acudir a la reunión de la Comisión de Seguimiento del pacto antiterrorista --para la que aún no hay fecha-- y no se ha negado a incluir al PP en la segunda ronda de contactos del ministro del Interior, que previsiblemente se celebrará la próxima semana.

Preguntado qué respuesta se dará a la petición de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, que el PP planteará en el pacto, el dirigente socialista se limitó a insistir en que la ilegalización de una formación no corresponde a un partido o al Gobierno, sino a un tribunal. Eso sí, dejó claro que al Ejecutivo "ni se le pasa por la cabeza" derogar la Ley de Partidos Políticos.