MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE quiere que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, explique en el Congreso cómo afronta el Examen Periódico Universal al que se someterá el Gobierno de España ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo 21 de enero en Ginebra (Suiza).
La portavoz de Exteriores del PSOE, Trinidad Jiménez, ha pedido que la comparecencia de Margallo en sede parlamentaria se produzca antes del día de la celebración de ese examen con el fin de que el Congreso pueda conocer y debatir la posición del Gobierno en relación con estos temas "tan relevantes" para los Derechos Humanos de todos los españoles.
LA ÚLTIMA REVISIÓN, EN 2010
En este examen, creado en 2006 por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, se revisa el cumplimiento por parte de cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de Derechos Humanos.
Tras un proceso en el que participan todos los actores interesados --con inclusión de las ONG y las instituciones nacionales de Derechos Humanos, como el Defensor del Pueblo-- se celebra una comparecencia de la representación del país que es examinado ante los 47 Estados miembros del Consejo en la que se da la oportunidad de responder a las cuestiones o preguntas que se le formulan. Tras el examen, el Consejo aprueba un informe por cada nación, con conclusiones y recomendaciones.
La última vez que España pasó este examen fue en 2010 y el próximo 21 de enero España debería hacer lo propio informando de la implementación de las recomendaciones surgidas a raíz de la revisión anterior.
PRINCIPALES PREOCUPACIONES
Según ha destacado el PSOE en un comunicado, las principales preocupaciones que figuran en los documentos elaborados para dicha sesión, tanto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como por las instituciones y organizaciones de Derechos Humanos, abarcan desde la "inexistencia" de un procedimiento adecuado para tratar la insolvencia de particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados hasta la aprobación de leyes que suponen un "menoscabo" a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, como la ley de tasas judiciales o la restricción de la jurisdicción universal.
Los socialistas también subrayan la preocupación por reformas anunciadas como la de la justicia gratuita, la Ley de Seguridad Ciudadana o la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal. Y, específicamente, abordan la ruptura del modelo universal de atención sanitaria o la ausencia de medidas de protección social capaces de mitigar los efectos de la crisis.
