SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Santiago Pérez, ha anunciado este lunes que su partido ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias de diciembre de 2009 en las que desestimó la petición socialista para que no se admitiesen las enmiendas presentadas por CC y PP al Proyecto de Ley que modifica la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. "Se trata de una grave infracción al procedimiento y a nuestro derecho de participación política", dijo.
Pérez explicó en rueda de prensa que con el recurso se busca combatir "el deterioro más que preocupante" de la vida parlamentaria y sostuvo que su documento es "sobrio" y está "bien articulado". Aquí anunció que si prospera la decisión del Constitucional podría tener "consecuencias jurídicas de alcance".
Resumió el socialista que la modificación se tramitó por la vía de urgencia con el beneplácito del PSOE, pero que en el último momento CC y PP presentaron enmiendas que provocaron la "indefensión absoluta" de su grupo parlamentario.
El diputado del PSOE insistió en que corresponde al Alto Tribunal decidir si corresponde el restablecimiento del derecho, aunque puntualizó que no se trata sólo de "reclamar las ilegalidades en el procedimiento, ni el ataque a la participación política". "Se trata de dejarles claro a CC y PP que no vamos a aceptar la degradación de la vida parlamentaria", prosiguió.
En esta línea afirmó que la degradación en la Cámara se da "un día sí y otro también". Añadió que esta situación se da ante "el regocijo de quienes no quieren un Parlamento o quieren elegirlo a dedo".
Pérez también expuso que con la norma aprobada se legalizaron infraestructuras turísticas o afectó a oficinas farmacéuticas. Por ello señaló que la decisión del Constitucional puede tener "recorrido" ya que con la modificación se consolidaron o desatendieron derechos individuales que pueden ser "evaluados".
Entre los fundamentos esgrimidos por el PSOE en su día se encontraban en que las enmiendas aceptadas no reunían los principios de homogeneidad, ni congruencia; ni respetaban el principio de la seguridad jurídica.
Añadieron que las enmiendas no sólo afectaban a la ley de Ordenación de Turismo, sino también a las de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma; la de Ordenación del Transporte por carretera; y la de Ordenación farmacéutica.
Para los socialistas, las enmiendas suponían "un verdadero nuevo Proyecto de Ley en el que se han incumplido requisitos procedimentales de obligatoria observancia, al tiempo que las garantías constitucionales de los parlamentarios".
