El PSOE pide incluir las lenguas cooficiales en la Ley de Transparencia

   MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El PSOE ha presentado una batería de enmiendas a la Ley de Transparencia en el Senado con las que busca, entre otras cosas, reforzar las obligaciones de publicidad activa de las administraciones y entidades públicas e introducir las lenguas cooficiales, para que los ciudadanos de las comunidades con otra lengua puedan usarla cuando utilicen los cauces por los que reclamar la información pública que prevé la norma.

   En concreto, los socialistas han registrado 34 enmiendas para su debate en el Senado. La Ley de Transparencia se encuentra ahora en fase de ponencia, en la que los socialistas han designado a Francesc Antich y Tontxu Rodríguez. La norma tiene que estar aprobada antes del 20 de noviembre.

   En declaraciones en el Senado, Antich ha recordado que su partido votó en contra del texto final redactado por el Congreso y que confía en introducir cambios a la norma ahora en la Cámara Alta.

   Ha destacado la importancia de las enmiendas con las que los socialistas quieren reforzar el capítulo sobre publicidad activa, para ampliar las materias que serán objeto de esta obligación, como los contratos o las bonificaciones en el Impuesto de Sociedades. También las enajenaciones, en pleno proceso además del Gobierno de venta de bienes del Estado.

   Antich ha destacado otro grupo de enmiendas presentadas para dotar de "más independencia" al Consejo de la Transparencia. El PSOE quiere que su presidente tenga que ser elegido no por mayoría absoluta sino de tres quintos, para obligar al acuerdo entre partidos, que en la designación de consejeros participe también el Senado, no solo el Congreso, y que entre ellos se sienten también representantes de las empresas, de los sindicatos o de las principales organizaciones de fomento de la transparencia, entre otros.

   Los socialistas reclaman igualmente que entre las exigencias del buen gobierno se incluya también la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas públicas, y que cuando los ciudadanos recurran a la vía contencioso-administrativa por incumplimiento de esta ley, los plazos se acorten y sean similares a los que corren en los procedimientos por vulneración de derechos fundamentales.