MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y el PP confirmaron esta tarde en el Pleno del Congreso de los Diputados su rechazo a las iniciativas de CiU y ERC para cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y poder renovar de manera más inmediata a sus magistrados en funciones. Los demás partidos, que sí apoyaron la iniciativa catalana, culparon a los dos principales partidos del "bloqueo" que padece actualmente el alto tribunal.
Actualmente hay cuatro miembros del Constitucional que concluyeron su mandato en diciembre de 2007, entre ellos su presidenta, María Emilia Casas, y que permanecen en funciones dado que PSOE y PP han sido incapaces de ponerse de acuerdo para renovarles, y todo ello en medio de las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña. Otros cuatro concluyen su mandato el próximo mes de octubre y a todos ellos se añade la vacante producida por el fallecimiento de Roberto García Calvo, ocurrido en 2008.
En la defensa de sus proposiciones de ley, tanto el portavoz de CiU, Jordi Jané, como el de ERC, Joan Ridao, denunciaron la "crisis" a la que ha conducido al TC el hecho de que todavía no se haya renovado y coincidieron en denunciar que esta situación está llevando a "dilaciones" como la que vive la sentencia sobre el recurso contra el Estatuto de autonomía de Cataluña.
De hecho, Ridao centró su intervención en denunciar el "retraso esperpéntico" de esta sentencia, pendiente desde hace más de tres años y que hace que el autogobierno catalán "deambule sobre el abismo, encima de un alambre muy fino". El diputado republicano pidió a los diputados que apoyen esta reforma "por higiene democrática, por profilaxis", de manera que se ponga fin al "proceso de degradación" que, a su juicio, vive el TC.
Jané también pidió a los dos grandes partidos que no opten por "mirar hacia otro lado" y pongan solución a la situación "en precario" que sufre el alto tribunal.
SEGÚN EL PP, "NO HAY COLAPSO"
Sin embargo, los portavoces del PSOE, Jesús Quijano, y del PP, Arturo García-Tizón se pusieron de acuerdo para rechazar la conveniencia de un cambio legislativo. No obstante, mientras García-Tizón negó que exista un "colapso" en el alto tribunal, Quijano admitió el "bloqueo", si bien acusó a los 'populares' de ser el origen.
Así, el diputado socialista reconoció que existe un "problema", pero apuntó que no se debe tanto a las normas reguladoras como a una cuestión de "buena fe política" e incluso de "lealtad constitucional". "La pelota está donde está y sabemos que está ahí", indicó.
En concreto, Quijano denunció el "mantenimiento un tanto obstinado" por parte del PP en el Senado de su propuesta para la renovación de los magistrados que corresponden a la Cámara Baja, que los 'populares' han "cerrado" en Enrique López y Francisco Hernando. "Estamos pretendiendo actuar sobre las normas cuando el problema es de otra naturaleza", insistió.
El diputado del PSOE defendió que proponer cambiar la ley que regula el Tribunal Constitucional son "palabras mayores", aunque reconció que la discusión se está haciendo "al calor" de esta situación de "bloqueo" que "efectivamente se está produciendo.
Mientras tanto, el diputado del PP insistió en que el Constitucional no es "una institución" en crisis y aseguró que el único problema que puede tener es "el propio de los tribunales por acumulación de asuntos".
García Tizón aseguró que la reforma propuesta por CiU y ERC tiene "difícil encaje" dentro de la Constitución y aseguró que pretender que los magistrados sólo puedan estar en funciones por un periodo de seis meses no renovable y que la presidenta pierda su voto de calidad iría en contra de la "voluntad" de los autores de la Carta Magna. "Hay que dejar los temas como están y como quisieron los constituyentes", indicó.
El diputado 'popular' recordó que los padres de la Constitución quisieron que en el Tribunal Constitucional estuvieran los tres poderes y defendió que pretender lo contrario sería "desnaturalizar por completo la figura" del alto tribunal. En su opinión, "si se corta alguna rama" y se impide que el TC sea "fiel reflejo de los tres poderes", será cuando el tribunal entre "en colapso".
PNV: SON PP Y PSOE QUIENES "CAUSAN PROBLEMAS"
No compartieron la visión de 'populares' y socialistas el resto de grupos minoritarios, que anunciaron su apoyo a la iniciativa de los diputados catalanes. Así, desde el PNV, Aitor Esteban denunció el "problema" que genera que el TC "no dé respuestas a asuntos que importan a muchos ciudadanos y son vitales para conocer el entramado político-jurídico del Estado".
Esteban criticó que los partidos estén pendientes de poder mantener sus posiciones en los nombramientos y apuntó directamente a las dos formaciones mayoritarias, que son "quienes están creando problemas". El diputado nacionalista defendió la necesidad de asegurar la dependencia de los jueces y lamentó que en cuanto se nombra a un juez, ya se sabe "más o menos cómo va a funcionar".
Los diputados de BNG, Francisco Joquera, y Coalición Canaria, José Luis Perestelo, también anunciaron su apoyo a la tramitación de las dos proposiciones de ley. Jorquera subrayó que se trata de una reforma "totalmente pertinente", ante una situación "total y absolutamente inaceptable", mientras que Perestelo consideró que la iniciativa catalana es "buena y necesaria", ya que hay que "dotar de fortalecimiento democrático" al Constitucional.
UPYD: CAMBIAR PARA DESPOLITIZAR
Por su parte, la diputada de UPyD, Rosa Díez, defendió la necesidad de cambiar la ley, aunque puntualizó que no "por las mismas cuestiones" que sugieren los diputados catalanes. Así, Díez recalcó que no está a favor de "mantener las cuotas" de los partidos, sino de hacer "lo contrario" y que "no haya dependencia política en el sentido partidario del término".
En concreto, defendió, entre otras propuestas, la necesidad de que el número de magistrados del Constitucinal pase de 12 a 15, que la presidenta no tenga voto de calidad, que los dos magistrados que deben ser nombrados por el Gobierno lo sean por los fiscales en votación secreta y que los candidatos no puedan haber estado afiliados a ningún partido político en la legislatura anterior.
