El PSOE promete "sustituir" la 'Ley Mordaza' tras fracasar la reforma en el Congreso con la convocatoria del 28A

Actualizado 27/03/2019 13:30:35 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

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El PSOE ha prometido que "sustituirá" la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó en 2015 el Partido Popular, y que fue rebautizada como 'Ley Mordaza' por sus detractores. En su programa electoral aboga por una nueva ley después del fracasado intento de reforma en el Congreso de los Diputados, debido a la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril.

La propuesta figura en el punto 94 del programa electoral del PSOE, que no habla de derogar la ley, como sí hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes y después de la moción de censura. "Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad que sustituya a la 'Ley Mordaza'. Es posible mayor libertad con mayor seguridad", dice el documento consultado por Europa Press.

El Congreso certificó el pasado 20 de febrero el fracaso de la reforma de la 'Ley Mordaza' tras la reunión de su ponencia, que puso fin a sus trabajos ante la inminente disolución de las Cortes Generales con motivo del adelanto de las elecciones generales anunciado por el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez.

RETRASO Y AVANCE DE LA PONENCIA DE REFORMA

A diferencia de otras propuestas de reforma también frustradas como la Ley de Indultos, que data de 1870, la ponencia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 había avanzado a partir de la proposición de ley impulsada por el PNV, que fue tomada en consideración en marzo de 2017.

La 'Ley Mordaza' pasó desde entonces por continuas ampliaciones de los plazos de enmiendas hasta que, en octubre de 2018, se constituyó la ponencia, que se ha reunido en cuatro ocasiones y había logrado modificar más de la mitad de la ley 'popular'. La decisión de Pedro Sánchez de convocar las elecciones para el 28 de abril provocó su paralización al poner fin a la legislatura.

Durante el acto celebrado en Madrid en septiembre de 2018 por los primeros 100 días del Ejecutivo socialista, Pedro Sánchez apostó por derogar la Ley de Seguridad Ciudadana del PP. "Vamos a avanzar en derechos derogando la 'Ley Mordaza', porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión", dijo entonces.

Un mes después, los portavoces de la Comisión de Interior del Congreso optaron por la reforma en lugar de la derogación, ya que decidieron trabajar desde el texto del PNV, que abogaba por cambios puntuales, y no el del PSOE, partidario de la derogación y aprobación de una nueva ley. Fuentes parlamentarias aseguraron entonces que estaban abiertos a todo tipo de enmiendas.

RECHAZO DE ONG, APOYO DE POLICÍAS

La 'Ley Mordaza' fue aprobada en 2015 en solitario por el PP y fue recurrida por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Contó con el rechazo de asociaciones y ONG al entender que vulneraba derechos de los ciudadanos. La norma contempla 44 supuestos con faltas que pueden ser sancionadas con hasta 600.000 euros.

No obstante, la ley ha contado con el respaldo de la mayoría de organizaciones sindicales de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Exigen que se respete su derecho a la intimidad o que se sancione la falta de respeto, aunque entienden que, en algunos aspectos, carece de un desarrollo adecuado en lo referente a los recursos que pueden plantear los ciudadanos sancionados por algunas de las 44 causas que recoge la norma.

Representantes de policías y guardias civiles consideraban que el largo trámite parlamentario de 16 meses de la salvó los elementos más polémicos de un proyecto impulsado por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El pasado 7 de noviembre, por ejemplo, los sindicatos representativos de la Policía Nacional SUP, CEP, UFP y SPP expresaron en la Comisión de Interior del Congreso su rechazo frontal a la "surrealista" instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad que modificaba la Ley de Seguridad Ciudadana.

Entendían que tanto las enmiendas como la instrucción del Ministerio del Interior bajo dirección de Fernando Grande-Marlaska "dificultaba gravemente la eficacia y la labor de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como garantizar esa seguridad ciudadana objeto de protección". Su malestar se dirigía a la modificación de la multa para quien tome fotografías o vídeos de agentes que participan en la calle en un dispositivo policial, teniendo que recoger el peligro explícito.

En el punto 102 incluye también una referencia al acuerdo de equiparación salarial, objeto de crítica interna en la actualidad por la falta de información de la consultoría que debe esclarecer las cantidades a percibir por policías y guardias civiles entre 2018 y 2020. "Avanzaremos en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en materia de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", asegura el programa electoral.

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