SAN SEBASTIÁN/MADRID, 5 May. (OTR/PRESS) -
El Gobierno quiere que ETA-Batasuna esté presente en las próximas elecciones. Así lo sostiene el presidente del PP, Mariano Rajoy, que ayer afirmó que el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero tiene la "voluntad política deliberada" de que Acción Nacionalista Vasca (ANV) acuda a la cita electoral de 27 de mayo, lo que evidencia su intención de que "ETA y su representantes" participen en los comicios. Las acusaciones de Rajoy han encontrado cumplida réplica en la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que aseguró que el Ejecutivo "ha tomado cuantas decisiones estaban en su mano" para evitar que Batasuna esté en las elecciones, y advirtió que no cederán "ni al chantaje de unos ni a la presión de otros".
Durante su visita a San Sebastián, donde viajó para respaldar a los candidatos populares a las próximas elecciones, Rajoy denunció que pese a que "llevan meses diciendo que van a aplicar la ley y que la decisión se iba a tomar por razones estrictamente jurídicas", el PSOE "ha faltado la verdad" porque "admite que ETA y sus representantes se presenten a las elecciones, vulnerando la Ley de Partidos" y que "vayan a estar en los Ayuntamientos financiados con el dinero de todos los contribuyentes".
Esto es a lo que, según el líder del PP, nos llevará la impugnación de sólo parte de las listas de ANV por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, una decisión que no entiende, ya que "no puede ser que la mitad de un partido sea legal, y la otra ilegal". Esto sólo se explica por la "voluntad política deliberada" del Ejecutivo para que "estos grupos" puedan participar en las elecciones. "Es absolutamente inexplicable que un partido político tenga cien listas que sean ilegales y tenga 200 listas que sean legales. Eso es burlar la Ley y demuestra el grado de disparate al que ha llegado el Gobierno en todo este asunto", lamentó.
En todo caso, Rajoy quiso dejar claro que respetará la decisión que tome la Sala del 61 del Supremo -que tiene de plazo para decidir hasta el próximo sábado a las doce de la noche- aunque insistió en que "el problema es que hay muchísimas candidaturas que son de Batasuna que no han sido recurridas por el Gobierno, que es el único que puede recurrir".
Pero el Gobierno tiene la conciencia tranquila porque entiende que ha tomado "cuantas decisiones estaban en su mano de acuerdo a la ley de partidos y al Estado de Derecho" para evitar que la ilegalizada Batasuna o cualquier formación vinculada con la misma esté en los comicios de mayo. "Batasuna no estará en las elecciones", aseguró De la Vega, que quiso hacer un repaso a todas las actuaciones realizadas por el Gobierno en este sentido.
"Ya se han impugnado todas las agrupaciones de electores vinculadas a ASB y hay un proceso de ilegalización ante la sala del 61, no se ha inscrito a ASB en el registro y se han impugnado más de 120 candidaturas de ANV", recapituló durante su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Ministros.
EL MOMENTO DE LOS TRIBUNALES
En este asunto, aseguró De la Vega, el Gobierno "no cede ni al chantaje de unos ni a la presión de otros" -en una clara alusión a Batasuna y al PP que evitó hacer de forma directa- y ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y ahora "son los tribunales los que tienen que tomar las decisiones que procedan".
Preguntada sobre si no hubiera sido mejor instar la impugnación de ANV como formación en lugar de casi la mitad de sus listas, la vicepresidenta señaló que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han hecho un estudio "de todos los elementos que han concurrido en el proceso" y en estos momentos consideraban que determinadas candidaturas de ANV "no presentan, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ningún reparo legal".
Según De la Vega, el criterio "más adecuado a esa jurisprudencia y a la Ley de Partidos" es impugnar aquellas candidaturas que acudieran "bajo la percha de un partido sobre el que no hay indicios suficientes para su ilegalización" pero sobre las cuales sí se dan los criterios para ser candidaturas ilegales. La vicepresidenta también se refirió al debate abierto en el seno del Supremo sobre el modo de proceder del Gobierno, un debate que se limitó a señalar que es "legitimo y respetable".
