SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, mostró hoy su preocupación por que España pueda convertirse en un Estado "sin ley" si no se ejecutan las sentencias que dictan los jueces y señaló que el caso de Mari Luz, la niña de Huelva presuntamente asesinada por Santiago del Valle, pone de manifiesto que han "fallado" el Estado de Derecho y la administración judicial.
Durante su intervención ante la Interparlamentaria del PP-A celebrada en Sevilla, Rajoy manifestó que quiere un acuerdo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que la justicia funcione y se ejecuten las sentencias que dictan los jueces, de manera que no se limite sólo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).
"¿Qué ha pasado aquí?", se preguntó Mariano Rajoy en relación con el caso de Mari Luz, un asunto, a su juicio, "verdaderamente dramático" que ha puesto de manifiesto que los poderes públicos no han funcionado como deberían funcionar. "Si la administración funcionara bien, eso lisa y llanamente no se habría producido", dijo en referencia a que Santiago del Valle estuviera libre pese a que tenía condenas.
Agregó que los últimos datos ponen de manifiesto que en España hay muchas sentencias que no se ejecutan, por lo que se preguntó cuánta gente que no debería andar por la calle, anda "porque no funciona la administración y no se cumplen las sentencias". Lo que puede ocurrir si esto sigue así, a su juicio, es que España acabe siendo un "Estado sin ley".
Mariano Rajoy también mostró su preocupación por que haya 2.000 opositores que han aprobado en España y que llevan sin plaza un año, cuando uno de los problemas capitales de la justicia es la falta de medios materiales y personal. Agregó además que es "verdaderamente grotesco" que en el año 2008, el siglo de las nuevas tecnologías, los juzgados españoles no estén conectados entre sí.
Tras exponer estos hechos, Mariano Rajoy manifestó que va a demandar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que esté a la altura de las circunstancias y le recordó que una administración judicial que funcione es una prioridad porque afecta a la vida de las personas y, al mismo tiempo, una "obligación capital del Estado".