Recurso extremeño al Estatuto de CyL eleva a trece los presentados a las seis reformas tramitadas durante la legislatura

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recurso presentado hoy por la Junta de Extremadura contra el Estatuto de Castilla y León eleva a trece los requerimientos registrados en el Tribunal Constitucional a las seis reformas estatutarias tramitadas durante esta legislatura. El Alto Tribunal no admitió a trámite un recurso de Valencia al texto andaluz y ya rechazó los recursos de Aragón y Castilla-La Mancha a un artículo del texto valenciano relativo al uso del agua, por lo que son diez los que tiene pendientes de resolución.

Esta legislatura, que ha estado protagonizada por los procesos de reforma de los estatutos de autonomía, concluirá con un total de trece recursos de inconstitucionalidad contra los nuevos textos impulsados por las comunidades autónomas. Después del anuncio realizado hoy por la Junta de Extremadura de recurrir el texto castellanoleonés la única excepción es el caso balear, cuyo nuevo estatuto es el único que no ha terminado en el Alto Tribunal.

El Tribunal Constitucional decidió no admitir a trámite un recurso valenciano contra el Estatuto de Andalucía y ya resolvió el pasado mes de diciembre los dos recursos al texto valenciano, tras lo que deberá abordar el estudio de los diez recursos restantes. Todos los estatutos, salvo el catalán, fueron aprobados por un amplio consenso en las Cortes Generales pero artículos relacionados con diferentes aspectos como la financiación o el agua despertaron la sospecha de las comunidades autónomas vecinas.

El Estatuto que más recursos acumula en el Tribunal Constitucional es el catalán, que suma un total de siete, presentados por el PP, el Defensor del Pueblo, y las comunidades de Murcia, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Todos ellos fueron admitidos a trámite a lo largo de 2006 y están pendientes de resolución.

En su recurso, los 'populares' piden la revisión de numerosos artículos de la reforma estatutaria catalana que afectan a aspectos como la definición de Cataluña como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial o la relación bilateral con el Estado.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, apela por su parte al "valor superior de la igualdad" en que se fundamenta la Constitución y entiende que el texto catalán sienta una "desigualdad" entre los ciudadanos, por lo que su recurso afecta a más de un centenar de artículos.

CORONA DE ARAGÓN O FINANCIACIÓN.

Además, el Tribunal Constitucional deberá estudiar los recursos presentados por las cinco comunidades de Murcia, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja dirigidos contra artículos del texto estatutario catalán como la gestión catalana del agua, la regulación de los fondos de la Corona de Aragón o la financiación.

Así mismo, las comunidades de Valencia y Extremadura presentaron sendos recursos al texto estatutario andaluz. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó la admisión a trámite del valenciano --relativo a la regulación de la inversión estatal en Andalucía-- al considerar que el objeto de la demanda no era declarar la inadecuación del estatuto a la Constitución, sino su "incongruencia" con el texto catalán, lo que resultaba "extravagante" y "ajeno" ala jurisdicción del Alto Tribunal.

Por su parte, el recurso extremeño al Estatuto de Andalucía, que sí fue admitido a trámite, considera que el texto "incumple" la Constitución en lo relativo a las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir. Según el Ejecutivo extremeño, el artículo que otorga competencias exclusivas a Andalucía sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir vulnera el artículo de la Constitución que reconoce las competencias del Estado para las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma.

Pese al consenso obtenido en las Cortes Generales, el Estatuto de Aragón tampoco se salvó de ser recurrido y el Gobierno de La Rioja se dirigió al Tribunal Constitucional para impugnar tres artículos del texto aragonés por considerar que invaden las competencias, tanto estatales como de la comunidad, en materia de aguas.

UN NUEVO RECURSO.

Por último, la Junta de Extremadura anunció hoy un nuevo recurso contra el texto castellanoleonés por considerar que su artículo 75.1, que atañe a la "competencia exclusiva" en materia de la cuenca hidrográfica del Duero, "choca" con el artículo 149 de la Constitución sobre las competencias exclusivas del Estado respecto a los recursos hídricos que afectan a más de una región.

El Gobierno extremeño considera que el Estatuto de Castilla y León "vulnera las competencias exclusivas del Estado y conculca el principio de la unidad de cuenca" y recordó que la cuenca hidrográfica del Duero atañe a una superficie de unos 35 kilómetros cuadrados de los municipios cacereños de Robledillo de Gata y Descargamaría.