MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER) sólo ha recibido cuatro escritos en catalán en los últimos cinco años: dos enviados al Consejo Europeo, uno dirigido a la Comisión y otros Comité Económico y Social. Todos ellos han sido contestados en un plazo que ronda los dos meses y medio y su traducción se ha llevado a cabo en colaboración con los órganos designados al efecto por la comunidad catalana.
Así se lo ha asegurado el Gobierno al diputado de CiU en el Congreso, Jordi Xuclà, quien formuló al Ejecutivo una batería de preguntas escritas interesándose por el "retraso" con el que, a su juicio, se están aplicando los acuerdos suscritos entre España y las instituciones comunitarias para fomentar el uso limitado de las lenguas cooficiales ante estos órganos.
En sus preguntas, Xuclà se hacía eco de las denuncias de dos asociaciones en defensa del catalán que se quejaban de que las instituciones europeas o no contestan a los ciudadanos que se dirigen a ellas en esa lengua o lo hacen incumplimiento los plazos normativos previstos.
El Ejecutivo replica al diputado nacionalista que el informe realizado por las entidades Horitzó Europa y Òmnium Cultural se basa únicamente en el seguimiento realizado a siete cartas y que de ellas todas las que llegaron a la REPER ya han sido contestadas. Y es que la REPER se encarga sólo de gestionar los documentos dirigidos al Consejo, la Comisión, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social.
ACORTAR LOS PLAZOS
Por contra, si los textos tienen como destinatario al Defensor del Pueblo europeo, la institución contacta directamente con los órganos de traducción autonómicos, mientras que los enviados al Tribunal de Justicia de la UE deben pasar por la Oficina de las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial, que se ocupa tanto de su traslado como de su traducción.
Respecto al plazo para la remisión de la respuesta, el de los cuatro documentos recibidos desde 2005 por la REPER, rondó los dos meses y medio. La intención, explica el Ejecutivo, es reducir ese tiempo, pero subraya que se ha tener en cuenta que son varias las instituciones que participan en este proceso: la receptora, la REPER y, según los casos, los órganos de traducción de las comunidades autónomas.