BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha arremetido este miércoles contra el tripartito encabezado por José Montilla al sentenciar que Cataluña "iba directamente a la ruina" por la ausencia de control en el gasto público.
En el primer pleno ordinario del Parlamento catalán de la legislatura, Mas ha justificado así el giro en las finanzas y el plan de austeridad que ha decidido aplicar, a la vez que también ha lanzado una advertencia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a cualquier eventual sucesor: a ninguno de ellos, sea quien sea, le va a "rogar" nada.
Tras el aluvión de críticas de otras comunidades autónomas, la mayoría populares, al acuerdo entre Mas-Zapatero sobre la deuda catalana --que el Gobierno se ha apresurado a dejar claro que es extensivo a todas las CC.AA.--, Mas ha aprovechado el pleno para rechazar de forma categórica que Cataluña tenga "privilegios".
Una postura que también ha defendido la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, al considerar que Cataluña no tiene privilegios desmarcándose así del resto de compañeros de partido.
"La capacidad de endeudamiento no es ningún privilegio sino lo que nos corresponde", ha destacado Camacho, quien ha recalcado que Mas no debe ir a Madrid a pedir nada, sino a negociar una mejora de las finanzas de la Generalitat.
Unas arcas, las de la Generalitat, que necesitan este año 11.000 millones de euros, de los que entre 4.000 y 5.000 millones son deudas que vencen en 2011 y que ahora Mas deberá renegociar con el sector financiero.
El resto de los 11.000 millones se cubrirán mediante déficit y la emisión de nuevos bonos con toda probabilidad.
Pese a no tener mayoría absoluta, Mas ha conseguido apelando a la responsabilidad de país que tres de los partidos de la oposición permitan a la Generalitat endeudarse --PP, ERC y PSC--, pese a que estas formaciones ya han expresado sus reservas a las tesis económicas que defiende el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.
El Parlamento catalán ha dado luz verde al proyecto de ley para que la Generalitat pueda endeudarse por un importe máximo de 2.613 millones de euros mientras dura la prórroga de los Presupuestos de 2010.
Mas-Colell, en su turno de intervención, ha justificado la necesidad de este proyecto de ley para garantizar el correcto funcionamiento y las prestaciones de servicios de la administración, dentro de un marco de "contención presupuestaria".
Tras asegurar que el presupuesto de 2011 será "creíble", ha vaticinado que si las negociaciones con el Estado llegan a buen puerto el déficit catalán bajará del 3,5 al 1,3% del PIB catalán.
CAJAS Y CATALANIDAD
El otro de los grandes retos que se ha marcado Mas pasa por conservar la catalanidad de las entidades financieras que en la actualidad tienen su sede en Cataluña: La Caixa, CatalunyaCaixa, Unnim y Banco Sabadell.
Mas ha explicado que el Gobierno catalán hará todo lo posible para que en Unnim y CatalunyaCaixa ocurra lo mismo que en La Caixa: que preserven su estatus de caja pese a su bancarización.
El presidente ha indicado que ahora la principal prioridad es garantizar la estabilidad de las finanzas catalanas, algo que se irá vislumbrando en las próximas semanas y meses, aunque ha indicado que el Gobierno catalán tiene entre manos otros retos.
Entre ellos, el del fracaso escolar, que supera el 30% entre los estudiantes catalanes de 16 años.
Para combatirlo, el Gobierno catalán anunció este martes un plan de choque, que entre otras medidas incluye estudiar la recuperación de los exámenes de septiembre y un rediseño del cuarto curso de la ESO para hacerlo más profesionalizador, objetivos que se abordarán en una cumbre con los agentes del sector en marzo.
La oposición ha coincidido en cargar contra el Gobierno catalán por dos de sus primeras medidas: la actitud que tuvo el consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, cuando trascendió la intención de Yamaha de cerrar su planta en el Vallès para trasladar su producción a Francia, y los cambios en la velocidad máxima a los accesos a Barcelona, unas normas que a juicio del PSC la ciudadanía no entiende porque son "confusas".
Trabajadores de Yamaha se han concentrado coincidiendo con el pleno esta mañana en el Parlamento para reclamar a la Generalitat que actúe para evitar el cierre de la fábrica.