Revocan el tercer grado penitenciario a los dos propietarios de la barca 'L'Oca' de Banyoles (Gerona)

GERONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos propietarios del catamarán 'L'Oca' que se hundió en 1998 en el lago de Banyoles (Gerona), Simó Rodríguez y Bartomeu Gayolà, tendrán que regresar a prisión después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria haya revocado el tercer grado penitenciario que les concedió la Conselleria de Justicia a petición de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians I, el 1 de agosto.

Rodríguez y Gayolà fueron condenados a tres años de prisión por el naufragio del catamarán donde murieron 21 jubilados franceses. El 18 de abril el Consejo de Ministros les denegó el indulto, por lo que el Juzgado Penal número 2 de Girona ordenó su ingreso en prisión a principios de junio. El 29 del mismo mes, ingresaron voluntariamente en la cárcel.

El 1 de agosto obtuvieron el tercer grado que ahora, tras el recurso interpuesto por el Ministerio Público, ha sido revocado porque no puede garantizarse que no quebranten la condena o no delincan de nuevo. Además, no han cumplido la cuarta parte de la pena --previsto para marzo de 2009-- a la que fueron condenados por 21 delitos de homicidio, 22 delitos de lesiones y nueve faltas de lesiones por imprudencia grave.

Una condición "indispensable" para aplicar desde un principio el tercer grado es que haya transcurrido el tiempo "suficiente" para obtener un "adecuado conocimiento" del preso, que permita afirmar con seguridad que una mayor libertad no favorecerá la comisión de nuevos delitos ni el quebrantamiento de la condena.

La juez recuerda que ninguno de ellos ha podido beneficiarse de permisos que "permitan calibrar qué vida podría llevar el penado en un régimen de semilibertad" y así garantizar el "buen éxito del tratamiento". También destaca la "visión victimista" que tiene Gayolà de los hechos, "minimizándolos en cuanto a su responsabilidad".

Además, señala que las "circunstancias positivas" que presentan ambos presos --como un entorno familiar estable y el pago de las indemnizaciones-- "no pueden ser determinantes" para decretar su tercer grado, ya que deben ponderarse con "la gravedad de los hechos acaecidos" y el tiempo pasado en prisión, que "ni tan siquiera alcanza el mes".

En base a la "desproporción" entre los hechos enjuiciados y el "favorecimiento del grado penitenciario otorgado", la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Catalunya ha revocado el tercer grado otorgado a Rodríguez y Gayolà.

EL NAUFRAGIO

La mañana del 8 de octubre de 1998 llegaron a las inmediaciones del lago de Banyoles tres autocares con jubilados franceses. Un total de 141 subieron a la embarcación.

Por la rapidez con que ocurrieron los hechos y por no disponer la embarcación de los obligatorios aros salvavidas, el siniestro se cobró la vida de 21 personas, resultando heridas de diversa consideración varias decenas más.

La embarcación se hundió por culpa del sobrepeso de pasajeros, de motor y las baterías, sumado a las perforaciones realizadas en la popa del catamarán.

LA CONDENA

Rodríguez y Gayolà solicitaron el indulto después de que, el 19 de enero, la Audiencia de Girona no sólo confirmara la condena del Juzgado Penal número 2, sino que la elevara a tres años de prisión. También fueron condenados a indemnizar con más de tres millones de euros a más de cien familiares de los muertos y heridos, cantidad a la que el Ayuntamiento de Banyoles debe responder de forma subsidiaria.

Un tercer procesado, el ex concejal de Medio Ambiente Josep Alsina, también fue condenado inicialmente a la misma pena de cárcel por los mismos delitos, pero la Audiencia Provincial lo absolvió de la muerte de los jubilados y le impuso una multa de 360 euros por 21 faltas de imprudencia leve con resultado de muerte y 22 faltas de imprudencia leve con resultado de lesiones. Además, deberá indemnizar a tres de las víctimas con 260.000 euros.