MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Entre los años 1991 y 1995 el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca; el que fuera asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil José Luis Sierra y el contable Manuel Jorge Castel desviaron fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella a través de empresas municipales creadas para tal fin. La sentencia de la Audiencia Nacional hecha pública hoy sobre este caso, conocido como 'Saqueo', mantiene que el primero tuvo una "importante participación" en el entramado pero la participación de Sierra estuvo "en un plano superior".
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal ha condenado a Roca a seis años y diez meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil; a nueve años a Sierra y a ocho a Castel por los mismos delitos. Los tres, que también han sido condenados a diez años de inhabilitación para cargo público, deberán devolver casi 23 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella por los perjuicios causados.
Según consta en la sentencia, en esos años, los condenados pusieron en marcha "actuaciones coordinadas tendentes a desviar" los fondos públicos que llegaban desde el consistorio marbellí. Concretamente, dice que los tres se concertaron con otras personas "no enjuiciadas y con vínculos más estrechos con el Ayuntamiento de Marbella en la ideación y puesta en práctica de una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos con objeto de justificar el uso de las cantidades detraídas".
Sirviéndose de los conocimientos jurídicos, contables y empresariales que tenía cada uno de ellos, crearon, controlaron y pusieron en funcionamiento una serie de empresas municipales que recibían fondos del ayuntamiento y que luego se empleaban para desviar el dinero a fines a los que no estaba destinado.
ENTRAMADO DE 31 EMPRESAS.
La sentencia atribuye a Sierra la creación de las empresas municipales, que llegaron a ser hasta 31, y que, con la justificación de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil y eficaz a través de ellas, "en la práctica" sirvieron para sacar del Ayuntamiento "la mayor parte de la actividad municipal". Esto "degeneró" en una "situación de opacidad y falta de transparencia que alejaba la gestión del control interno y de eficacia por parte de la corporación municipal".
El tribunal también mantiene que configuró con las sociedades municipales un "sistema de administración anodino" y, pese a que él "pretende investirse en un mero asesor jurídico" de Gil, está en un "plano superior" dentro del entramado, pues era el receptor de las cuentas de las sociedades municipales. El asesor de Gil supervisaba la actividad de las sociedades municipales creadas y ejercía sobre ellas, "con conocimiento del alcalde", "rígidos controles".
Por su parte, Roca puso su capacidad empresarial a disposición de la "trama delictiva", concretamente aportó cuatro empresas de su propiedad para favorecer el desvío de fondos públicos ya que las pone como entidades proveedoras de obras y servicios a las sociedades municipales.
La "importante aportación" del ex asesor de urbanismo al caso también consiste en detraer fondos públicos desde la sociedad municipal de la que era gerente, "desviando dinero público a fines que se desconocen".
En la sentencia, de 122 folios, se recoge que Manuel Jorge Castel era el encargado de elaborar y supervisar la contabilidad de las sociedades y solventaba con el anterior condenado las incidencias que planteaba su gestión, "especialmente en materia de aumento ficticio de los gastos supuestamente generados por éstas" a fin de "destinar los fondos a que ascienden aquellos irreales cargos a objetivos e intereses no públicos".
El tribunal acordó hoy la prisión provisional sin fianza para Castel, que ya pasó diez días en la cárcel durante la instrucción de la causa, y para Sierra, que permaneció nueve días ingresado en prisión preventiva en el proceso de instrucción. Roca ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva.
ABSOLUCIONES
La sentencia, que se leyó en audiencia pública hoy, absuelve a los empleados de las sociedades municipales Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera y a la viuda del que fuera gerente de una de ellas, Purificación Notario, sobre quienes la acusación particular --ejercida por tres concejales del PP del consistorio marbellí--, había retirado su acusación.
Por otra parte, el tribunal condenó a Promociones Futbolísticas a abonar 2,4 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y a Rancho Valdeolivas, a 150.253 euros y absuelve a los herederos de Jesús Gil y a los de José Luis Jiménez.