Sala 61.- El abogado del Estado pide que el TS suspenda al grupo parlamentario de PCTV y el fiscal no lo ve necesario

((AMPLIACIÓN))

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El abogado del Estado Manuel Pacheco pidió hoy, durante la vista convocada en la Sala del 61 del Tribunal Supremo para estudiar la adopción de medidas cautelares contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), que se acuerde también la suspensión de las actividades del grupo parlamentario de este partido en la Cámara de Vitoria. La Fiscalía, por su parte, excluye esta medida porque no lo ve necesario y contraviene la doctrina del Tribunal Constitucional.

La suspensión de actividades del grupo parlamentario del PCTV, compuesto por nueve diputados, no se incluía en el escrito de demanda presentado la semana pasada por los servicios jurídicos del Estado ante el alto tribunal para instar la ilegalización de PCTV.

La petición fue introducida "in voce" durante la vista por el representante de los Servicios Jurídicos del Estado , que calificó la medida de "lógica" y "obligada" en el caso de que el alto tribunal acceda a adoptar el resto de medidas, como son la suspensión de actividades del partido, el embargo de sus cuentas y la clausura de los locales.

De acordarse, esta medida vendría a complementar lo dispuesto esta misma mañana por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en un auto que suspende por tres años, prorrogables a cinco, la actividad tanto de PCTV como de Acción Nacionalista Vasca (ANV). En la resolución de este magistrado, acordada en el proceso penal que se sigue en la Audiencia Nacional, no se adopta ninguna medida contra los diputados del PCTV en el Parlamento vasco.

DEMANDAS ACUMULADAS.

El abogado del Estado intervino ante los 16 magistrados que integran la denominada Sala del Artículo 61 tras el fiscal jefe ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, tras acceder el tribunal a la solicitud de acumulación, en un único procedimiento, de las dos demandas de ilegalización instadas tanto por esta parte como por la Fiscalía.

Tanto Pacheco como Narváez defendieron la "necesariedad" de las medidas cautelares a adoptar, que se enmarcan en el proceso de ilegalización instado contra este partido. Igualmente, coincidieron en señalar que la suspensión cautelar de sus actividades, mientras se tramitan las demandas de ilegalización, prevalece sobre el derecho de sus integrantes a desarrollar determinadas actividades políticas.

El único punto que diferenció los discursos del abogado del Estado y el fiscal fue el referido a la suspensión cautelar del grupo parlamentario. Según Narváez, la actividad de un partido político no es ampliable a su grupo en una Cámara porque el segundo, a diferencia del primero, responde al mandato de los ciudadanos.

El fiscal añadió que este argumento es el que establece en su doctrina el Tribunal Constitucional y que, además, para atajar la instrumentalización que indiciariamente realiza la ilegalizada Batasuna sobre PCTV, basta con suspender las actividades del partido.

El abogado del Estado, por su parte, argumentó que la suspensión de la actividad del grupo parlamentario de PCTV en la Cámara vasca esta "implícita" en la que se acuerde respecto del partido políticos, dado que los diputados de PCTV son un "instrumento útil" que utiliza esta partido para influir en la sociedad.

Además, según Pacheco, la "caja única" que servía para dotar económicamente tanto a Batasuna como a PCTV y ANV, según se respalda en los informes policiales, "se extiende a las cuentas, depósitos y dineros" de los diputados y su embargo "es más importante incluso que la propia suspensión de actividades del grupo parlamentario".

ARGUMENTOS DE PCTV.

Por su parte, los abogados de PCTV Kepa Landa y Ione Goiricelaia solicitaron al Supremo que no aplique las medidas solicitadas argumentando que no se dan los requisitos de necesariedad y urgencia porque, entre otras cosas, este partido fue inscrito en 2002 y cuenta con representación parlamentaria desde 2005. "Se trata de una situación tolerada y consentida" por el Gobierno, según aseguraron ambos, sin que los indicios presentados hasta ahora justifiquen un cambio de actitud.

En este punto, Goiricelaia apunto que existe incluso un informe policial de 10 abril de 2005 sobre PCTV que en su encabezamiento se dirige a la Abogacía del Estado, por lo que no se explica que sea ahora cuando esta parte insta la suspensión de actividades del partido. Dicho informe, según la letrada, contiene en esencia los mismos datos alegados ahora para pedir la ilegalización del partido.

Lo único novedoso, según Goiricelaia, son unos datos relativos a la alta en la Seguridad Social de determinados trabajadores de PCTV desde el año 2006. Dichos datos, sin embargo, tampoco deberían considerarse como nuevos, según esta parte, porque se trata de información pública que podría conocerse desde dicho año.

INTERÉS DE HERNANDO EN UN INFORME.

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, se interesó hasta en dos ocasiones por dicho informe. Primero preguntó a la abogada la fecha exacta del informe, y después le dijo si podía poner a disposición de la sala aunque fuera una copia del mismo. Goiricelaia le respondió que el documento se encuentra en el juzgado de Garzón y que nunca les dan copia, sólo tiene las notas que ha podido tomar sobre el mismo.

Por su parte, los funcionarios adscritos al alto tribunal trataron de 'torpedear' la sesión manifestándose en grupo por los diferentes pasillos del edificio al grito de "Esta huelga la vamos a ganar", si bien no pudieron acercarse a la sala donde se celebra la vista. A pesar de que sus gritos, podrían oírse en el interior el proceso se desarrolló de forma normal.

Previamente, un grupo de casi un centenar de funcionarios, que reclaman mejoras salariales, impidieron el acceso normal de las partes, los periodistas y el público al edificio del Supremo de su acceso de la calle Marqués de la Ensenada, donde hicieron una larga cola portando pancartas. Su actitud responde a lo que consideran servicios mínimos abusivos establecidos por el Ministerio de Justicia de cara a las vistas que se celebran hoy para estudiar la suspensión tanto de PCTV y ANV.