MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sala del 61 del Tribunal Supremo acordó hoy por unanimidad solicitar a los Servicios Técnicos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe "sobre la adecuación al ordenamiento jurídico" del escalafón que se siguió cuando se determinó que Antonio Salas era el magistrado más moderno de la Sala Civil y por tanto que debía entrar él a formar parte de la Sala Especial de la que depende la ilegalización de partidos.
El acuerdo alcanzado hoy por la Sala del 61 explica que "a la vista de las cuestiones jurídicas que han sido suscitadas por el escalafonamiento de determinados magistrados del Tribunal Supremo" nombrados en abril de 2005 se ha decidido, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, solicitar el nuevo informe a los servicios técnicos del órgano de Gobierno de los jueces.
La Sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) fue convocada por el presidente para informar de primera mano a sus miembros, los presidentes de las cinco Salas del Supremo y los magistrados más antiguos y más modernos de cada una de ellas, de la polémica suscitada en las últimas semanas sobre la composición de dicha Sala Especial. Además, casi la mitad de los 16 miembros de la Sala preparaban un escrito para solicitar una reunión con el mismo objetivo.
Durante la reunión, Hernando informó a los magistrados del informe redactado por el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, sobre cómo se produjeron en abril de 2005 los nombramientos de cuatro magistrados de la Sala Primera, que han generado la polémica sobre irregularidades en la composición de la Sala Especial.
Este informe fue encargado por Hernando tras el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del pasado 28 de febrero, a raíz de una petición de explicaciones por parte de los vocales de la minoría del órgano de Gobierno de los jueces, que se interesaron sobre por qué en los nombramientos de la Sala de lo Civil pasó a ser considerado el magistrado más moderno un juez (Antonio Salas) y no la candidata jurista de menos edad (Encarnación Roca).
Para determinar el puesto que ocupan en el escalafón del Supremo sus nuevos magistrados, el CGPJ siempre cumple una serie de normas, consistentes en que cuando toman posesión el mismo día un jurista de reconocido prestigio y un juez siempre se considera más antiguo al último, porque se entiende que promociona, mientras que el primero ingresa en la carrera.
Cuando coinciden varios jueces, el más antiguo es el tiene más antigüedad en el escalafón judicial, y entre juristas, se sigue un criterio de edad, ya que el artículo 347 de la LOPJ establece que a todos se les reconozcan quince años de servicios.
En aplicación de estas normas, en los últimos nombramientos para la Sala de lo Penal del Supremo se incorporará a la Sala del 61, cuando tomen posesión, lo que podría ocurrir la próxima semana, Manuel Marchena, porque es fiscal, y no el magistrado Luciano Varela, de tendencia progresista.
AL FINAL UNA TOMA DE POSESIÓN
El informe realizado por el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, explicaba que en el caso de la Sala de lo Civil los magistrados judiciales pidieron cierto retraso en la toma de posesión para atender asuntos profesiones, mientras que los juristas no.
Agregaba que Hernando reconsideró una decisión suya inicial de celebrar dos tomas de posesión distintas y por necesidades de la Sala optó porque tomaran posesión los cuatro juntos. No obstante, como los acuerdos de nombramiento se enviaron por separado, con una diferencia de siete días, aparecieron en Reales Decretos distintos, primero los juristas y luego los judiciales, y ello marcó su antigüedad en el escalafón y por tanto su inclusión en la Sala del 61.
A la Sala del 61 fue convocado desde entonces uno de los magistrados nombrados, Antonio Salas, y no la jurista más joven que tomó posesión desde entonces. A la vista de las conclusiones del informe encargado, si el escalafonamiento se entiende inadecuado, la Sala del 61 podría pedir a Hernando que empiece a convocar a Roca, por ser a la que le corresponde, según las normas habituales seguidas por el CGPJ y no por el orden de los decretos.
Aunque Hernando dio por zanjada la polémica la semana pasada, después de que, según él, el Pleno se diera por satisfecho con el informe de Celso Rodríguez, ayer mismo el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo confiar en que el presidente del Supremo y del CGPJ rectificara lo que calificó de "error".
